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Este miércoles, Carlos Valle, quien por meses estuvo preso sin tener una acusación en los juzgados, y cuya hija perdió su embarazo por falta de atención especializada en el penal de mujeres La Esperanza, interpuso una acusación ante el Ministerio Público contra los funcionarios que consideran responsables de los daños causados. 

La acusación interpuesta ante el Ministerio Público fue por la retención injustificada de Elsa Valle por el comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, director de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), ya que la mantuvo en las celdas del antiguo Chipote por 5 días sin una acusación del Ministerio Publico, violando la norma máxima de 48 horas.

 

Igualmente está en la misma acusación la funcionaria Janeth Pérez, alcaide del penal de mujeres,  conocido popularmente como La Esperanza, asegurando que se le demandó atención médica especializada para Elsa Valle que durante su embarazo padeció sangrados, pero la funcionaria no permitió que se le atendiera, por lo tanto, a Pérez se le responsabilizada de aborto por omisión.

“Estando en el penal también ella (Elsa) tuvo una fractura en el pie y tampoco fue atendida. Por la pérdida de su bebé y otras situaciones durante su cautiverio está recibiendo ayuda especializada por los traumas que quedaron durante su encarcelamiento”, dijo el señor Valle.

Por otra parte, el señor Valle dijo que pidió información sobre la primera acusación que él interpuso contra el director de la DAJ, por obligarlo a permanecer en sus celdas injustificadamente durante 8 meses y sin tener ninguna acusación en su contra, lo que representó una serie de daños para él y su familia.

Nadie los atendió

El doctor Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que da acompañamiento a Valle, comentó que al llegar al Ministerio Público no fueron atendidos por ningún fiscal y la acusación quedó en mano de la recepcionista.

Elsa Valle. Archivo/END

“De la primera acusación, se supone que en 20 días deben informar obligatoriamente sobre la aceptación o rechazo de la solicitud, pero solo dijeron que estaba en estudio. Sobre la segunda acusación, igual no se observa interés en darle seguimiento”, consideró Cuevas al ser testigo del desinterés de atender el caso.

El abogado de la CPDH destacó que conociendo el tratamiento que se da a las acusaciones de afectados por funcionarios del Gobierno, es muy probable que sean rechazados o queden estancadas.