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La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) mantuvo este lunes su posición de no volver a la mesa del diálogo con el Gobierno de Nicaragua, hasta que las autoridades excarcelen a los manifestantes presos en una lista conciliada con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Aunque el Gobierno anunció la excarcelación de 100 personas que participaron en las protestas antigubernamentales desde abril del año pasado y “hay bastantes de la lista conciliada, lo importante es que se excarcele a todos; nuestra posición es clara, es necesario excarcelarlos a todos”, dijo José Pallais, del equipo negociador de la Alianza.

El actual panorama de las negociaciones entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica es desalentador, opina el exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Edgard Parrales.

Parece que la negociación podría acabarse en cualquier momento, porque las autoridades gubernamentales “desde un inicio han demostrado que dialogan por necesidad y nunca por convicción”, afirmó el exdiplomático.

Aseguró que la única forma de que el Gobierno de Nicaragua cumpla con todos los acuerdos firmados y los que aún no aceptó, es mediante “sanciones internacionales que son las que lo van a obligar a ceder porque ya tiene una situación crítica, cada vez tienen menos fondos, cada vez tienen menos capacidad de afrontar los requerimientos económicos de esta situación, entonces, están temiendo las sanciones”.

El exembajador añadió que el mismo Gobierno está provocando la aplicación de sanciones, porque los que tienen la clave para resolver la crisis son ellos.

“Si ellos cumplen con los acuerdos, suscriben los acuerdos pendientes y si cumplen lo acordado, esas sanciones no se van a aplicar, pero como están en ese jueguito, lo más probable es que se van a terminar por aplicar y se van a volver a tener que sentar (a negociar)”, apuntó.

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Sin embargo, Parrales considera que aunque este diálogo se termine, el Gobierno “siempre tendría que buscar otro mecanismo para seguir hablando”. 

“A las armas no vamos a llegar. En primer lugar porque veo una firme convicción en la gente de no recurrir a las armas y, segundo, porque esa vía sería un costo mucho más alto”, añadió.

El exembajador en la OEA señaló que las sanciones aplicadas hasta el momento son personales, y faltan sanciones económicas, para las cuales el Congreso estadounidense dio un plazo de seis meses que se cumplen el 28 de junio.

Según Parrales, el Gobierno tiene que demostrar que ha habido avances en el diálogo, que hay avances en la recuperación de la democracia, si no hay muestra alguna, se van a aplicar las sanciones que ya están aprobadas, pero no aplicadas, pues solo se han aplicado las personales.

Alianza mantiene posición

Pallais criticó que durante la excarcelación de manifestantes este lunes, el CICR actuó como organismo “observador” y no facilitador como dicta el acuerdo firmado por la parte gubernamental el pasado 27 de marzo.

“El CICR no tuvo la participación prevista en el acuerdo, sino que actuó como observador, entonces, no se está poniendo en práctica (el acuerdo), porque el comité exige exámenes de salud, certificados médicos y al ser solo observador no se está cumpliendo con los estándares que pide la Cruz Roja”, valoró Pallais.

La lista conciliada ascendía a 232 personas, incluyendo al manifestante Eddy Montes, quien falleció al recibir un disparo el jueves pasado en el centro penitenciario Jorge Navarro, La Modelo.

El miembro de la Alianza Cívica destacó que el Gobierno tampoco muestra interés en hacer una investigación neutral que determine cómo ocurrieron los hechos que provocaron la muerte de Montes, quien tenía ciudadanía estadounidense.

“La muerte de Montes tiene que repercutir como ya lo está haciendo, en el sentimiento de los nicaragüenses y a nivel internacional. No existe voluntad absoluta del Gobierno por solucionar está crisis y quedó en evidencia al haber rechazado la propuesta de los testigos y acompañantes de liberar a partir del 1 de mayo a los presos”, expresó Pallais.

Al ser consultado sobre si este hecho pueda acelerar la aplicación de sanciones al Gobierno nicaragüense por los EE. UU., Pallais respondió: “Imagino que sí”.

“Cuando se asesina a un ciudadano de un país y por las declaraciones que hemos visto del Departamento de Estado, de diferentes funcionarios, evidencia que hay una molestia y es lógico que se exija una investigación imparcial con participación internacional como lo ha pedido la Alianza”, enfatizó Pallais.

Sin embargo, a pesar de las demandas de distintos sectores que exigen una investigación imparcial por la muerte de Eddy Montes, “lo que vemos y percibimos es que hay voluntad (del Gobierno) de continuar encubriendo estas gravísimas violaciones a los derechos humanos”, denunció.