Luis Galeano
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Dos de las voces más críticas contra el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) Roberto Rivas Reyes, exigieron a las entidades estatales encargadas de luchar contra la corrupción, que cumplan con su trabajo y que no sigan de encubridores, luego de conocer los detalles de la indemnización de 9.2 millones de córdobas, que entregó el Estado al polémico funcionario por un inventario de bienes inverosímil.

El reconocido jurista Sergio García Quintero y el miembro del grupo de seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, CICC, Gustavo García Prado, reclamaron el fin de la complicidad estatal, que a su juicio ha habido a favor de Rivas Reyes.

“La Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, deberían de estar investigando la fortuna de Roberto Rivas, la cual ha construido bajo la protección del cardenal Miguel Obando como ahijado, pariente asimilado o lo que sea, porque cada vez queda más claro que su fortuna es producto de su actuar delictivo”, dijo García Quintero.

Fuertes epítetos

“Poco a poco ustedes (los medios) nos han mostrado la corrupción manifiesta de Rivas en las fortunas por los burritos muertos cobrados como vivos y los autolotes inexistentes, pagados a este señor que no es más que un delincuente calificado como tal a pesar de la figura de caballero de industria que nos quiere vender”, añadió el jurista.

“Es inmoralidad”

Gustavo García Prado, miembro del grupo de seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, CICC, quien ha acusado a Rivas ante la Fiscalía, entre otras cosas, por enriquecimiento ilícito, dijo que cada vez se convence más de que sus acusaciones tienen absoluto fundamento.

“Imaginate que se le pagaron cosas que no eran de su mamá. Eso es una inmoralidad, como lo fue también la venta de la casa que fue donada a la Arquidiócesis de Managua, en el momento en que el cardenal era presidente de la Conferencia Episcopal, quien se la vendió a la familia Rivas Reyes”, dijo García Prado.

El abogado se refiere a la historia de la propiedad donada a finales de los años 90 por la señora Margot Gutiérrez viuda de Lalinde a la Arquidiócesis de Managua, consistente en 18 manzanas de terreno y una lujosa residencia ubicada sobre el kilómetro 16 y medio de la carretera a Masaya.

García Prado también recordó que todo se dio en tiempos del gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, época en la cual también se dio el caso de la donación de los terrenos y edificios donde se instalaría la Seguridad del Estado, para que se construyera la Universidad Católica Redemptoris Mater, Unica, la que terminó en manos de una sociedad de la familia Rivas Reyes.

“Pero, ¿qué vemos? Que todas las instituciones en lugar de estar trabajando por resarcir los daños que se le han hecho al Estado, no ha hecho absolutamente nada, y todas tienen facultad para emprender acciones, porque aquí, además de los delitos propios de los funcionarios públicos, hay fraude y estafa”, reclamó el miembro de la CICC.

“Ya le agarraron el hilo a la madeja”

Para el jurista García Quintero, “Rivas debe ser investigado a profundidad, porque ya ves cómo su misma familia lo señala porque no es trigo limpio, y ha demostrado su ansia de poder y enorme deseo de enriquecerse haciendo mansiones en todas partes de Centroamérica y viajando en su avión particular”.

“Debería, por tanto” --añadió--, “aprovechar el resurgimiento de los grupos islámicos en nuestro país para presentarse como un jeque, un califa, que pretende hacerles competencia a los grandes líderes religiosos de Kuwait, que son los dueños de los grandes pozos petroleros del Medio Oriente”.

García Quintero consideró que ha sido el trabajo de los medios de comunicación, el que ha logrado que los nicaragüenses se estén enterando de la fortuna de Rivas, mientras las entidades estatales callan, lo cual es a su juicio, una actitud deplorable.

“Mientras la Contraloría no actúe, este hombre se va a seguir burlando del país, enriqueciéndose a sus anchas. El Fiscal que tiene el derecho y la potestad de acusar en nombre de la víctima que es el pueblo, también se suma a la asociación para delinquir.

En lo que se refiere al procurador general, Hernán Estrada, indicó que “fuera de las alharacas” que hace de vez en cuando para atraer un poco la atención, la función de abogado del Estado le queda grande.

“(Estrada) no llena en lo más mínimo sus funciones, y se dedica más bien a tratar de magnificar los rasguños y pellizcos que pudo haber sufrido en lo que dice fue un atentado contra su vida, que quedó en la oscuridad por el actuar magnánimo de la Policía”, señaló.