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El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), Eduardo Ferrer Mac-Gregor, resolvió adoptar diversas medidas urgentes para evitar daños irreparables a 17 personas privadas de libertad en Nicaragua.

La resolución del presidente de la Corte IDH acordó, entre otras, “que se adopten inmediatamente las medidas necesarias para proteger la salud, vida y la integridad personal de 17 personas”, informó la noche del martes esta institución por medio de un tuit.

“Asimismo, se acuerda que, previa aquiescencia del Estado de Nicaragua, una delegación de la Corte IDH visite las cárceles La Esperanza y La Modelo o el lugar donde se encuentren los beneficiarios de la solicitud”.

Cárcel La Modelo de Tipitapa. Archivo/END

Esta delegación estaría integrada por el mismo presidente de la Corte IDH, el vicepresidente, un juez o jueza, así como el Secretario y personal de la Secretaría.

El pasado 15 de mayo de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió una solicitud de medidas provisionales ante la Corte para que el Tribunal requiriese al Estado de Nicaragua que adoptara las medidas necesarias para preservar la salud, vida e integridad personal de 17 manifestantes encarcelados.

Los presos por los que el 1) Kevin Rodrigo Espinoza Gutiérrez, 2) Cristhian Rodrigo Fajardo Caballero, 3) Yubrank Miguel Suazo Herrera, 4) Edwin José Carcache Dávila, 5) Medardo Mairena Sequeira, 6) Mario Lener Fonseca Díaz, 7) Ricardo Baltodano, 8) Jaime Ramon Ampié Toledo, 9) Julio José Ampié Machado, 10) Reynaldo Lira Luquez, 11) Miguel Mora Barberena, 12) Lucía Pineda Ubau, 13) Amaya Eva Coppens Zamora, 14) Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, 15) Tania Verónica Muñoz Pavón, 16) María Adilia Peralta Serrato, e 17) Irlanda Undina Jeréz Barrera.

Medardo Mairena, líder campesino. Archivo/END

Respecto de los beneficiarios María Adilia Peralta Cerratos, Jaime Ramón Ampié Toledo, Julio José Ampié Machado, Reynaldo Lira Luquez, y Tania Verónica Muñoz Pavón, tomando en cuenta que el Estado afirmó que se les “otorgó beneficio legal de convivencia familiar a partir del día 20 de mayo” de 2019, la Corte requiere “a sus representantes o la CIDH que confirmen que tal beneficio se hizo efectivo y se encuentran en libertad”.

El organismo también pide que las 12 personas a quienes brinda protección y quedaron encarceladas obtengan medidas alternativas a la privación de libertad.