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Las llamadas “siete rutas” para las salidas jurídicas que permitan que los protestantes queden en libertad, están contempladas en el ordenamiento jurídico de Nicaragua, explicaron sus abogados defensores.

Las rutas tienen como objetivo evitar que se tenga que aprobar una amnistía o indulto.

El objetivo de los defensores es que los opositores sean liberados de forma definitiva, segura y con garantías, tomando en cuenta la clasificación de los expedientes y la etapa procesal.

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La primera ruta de la propuesta se dirige a personas acusadas, no detenidas que se encuentran ausentes o en rebeldía. Para ellos, la forma de proceder del Ministerio Público, según el planteamiento de los abogados, es que se presente por escrito un manifiesto a la falta de pruebas y el sobreseimiento a favor de los acusados, que sería ejecutado en un período de un día, teniendo en cuenta los precedentes en casos de contexto.

La segunda ruta señala a personas investigadas detenidas o en libertad, para los cuales, los abogados defensores plantean que el Ministerio Público deberá archivar la causa investigada por falta de pruebas y por no ser delito.

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La tercera opción está referida a los que están siendo procesados y acusados en audiencia preliminar e inicial, para quienes la Fiscalía debe presentar por escrito un documento que manifieste la falta de pruebas o realizarlo dentro de las audiencias.

En la cuarta ruta están los acusados con juicio oral y público abierto. En este caso, los defensores señalan que la Fiscalía o la defensa deberá solicitar clausura, a lo que el juez debe dar lugar a la solicitud.

Revocar sentencias

En el quinto caso están las personas condenadas, a las que se les deberá revocar las sentencias en segunda instancia y el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República deben comprometerse “a no casar las sentencias absolutorias dictadas por los tribunales de apelaciones a favor de aquellas personas condenadas por presuntos delitos cometidos en el contexto de las protestas sociales. Las personas serán puestas en libertad de manera inmediata, una vez que se dicte la orden de libertad”.

La sexta ruta cita a las personas que se encuentran con sentencias firmes, para las que los abogados plantean que se proceda a que el manifestante encarcelado y que ha recibido pena, promueva una acción de revisión a los casos, con un tiempo determinado de 10 días.

La justicia penal especializada es la solución expuesta para el séptimo grupo de manifestantes, donde se pone de manifiesto que son aplicables las consideraciones jurídicas planteadas en las rutas anteriores, según la situación jurídica en que se encuentren.

Esto se da porque la mayoría de los manifestantes excarcelados tienen libertad condicionada y los juicios en su contra continúan, a pesar de que en los acuerdos firmados en la mesa de negociación entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Gobierno, se especifica que todos los manifestantes serían liberados de forma definitiva y los procesos judiciales se anularían.

Propuesta técnica

La abogada Eilyn Cruz Rojas, defensora de manifestantes presos y quien pertenece al grupo Acción Penal, dijo a El Nuevo Diario que el documento de las rutas es presentado previo a un consenso de diferentes abogados, bajo una propuesta meramente técnica.

“Son las salidas jurídicas para un cierre definitivo de estos casos; es decir, que el día de mañana el prisionero que ha sido preso político en este contexto, pueda tener una sentencia, en el caso de que ya ha sido condenado, una sentencia de no culpabilidad, para que no posea ningún tipo de antecedentes”, explicó Cruz.

La abogada destacó que necesitan que a través de estos planteamientos de rutas, se garantice que los manifestantes que fueron excarcelados, queden en libertad absoluta y a quienes aún están arrestados, que se les anule la culpabilidad.

“Existen diferentes rutas, como para las personas acusadas y que están rebeldes, que son ciudadanos que fueron acusados, lograron irse al exilio y están impedidos de regresar porque tienen una orden de captura. Ellos deben regresar sin temor a ser apresados, son supuestos que nosotros planteamos”, comentó Cruz al finalizar la presentación formal del documento.

La abogada María Asunción Moreno afirmó que la propuesta está fundada en los acuerdos ya firmados entre la Alianza Cívica y el Gobierno y en base a las leyes que contemplan el ordenamiento jurídico.

"No deben quedar antecedentes y todas las personas liberadas no pueden ser apresadas nuevamente”, explicó la abogada.

Según el documento, las vías de ordenamiento jurídico para liberar a los manifestantes son planteadas para que sean efectivas antes del vencimiento del plazo de 90 días, el 18 de junio próximo, establecido en los acuerdos firmados en la mesa del diálogo.

El abogado defensor Boanerges Carballo señaló que para cumplir lo planteado se requiere voluntad de las autoridades.

Sin amnistía

Los abogados defensores de los manifestantes rechazaron la amnistía legislativa como salida política.

“Se indica que la amnistía es inaceptable por ser una estrategia política para beneficiar a personas que no están siendo procesadas, pero que posiblemente pudieron haber incurrido en delitos en el contexto de la crisis política”, expresa el documento elaborado por los abogados y titulado “Rutas de salida legal para la liberación definitiva de las personas presas políticas”.

La propuesta fue entregada a representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.