Lizbeth García
  •  |
  •  |
  • END

La declaración aduanera que el costarricense Carlos Enrique Porras Torres presentó ante la jueza Segundo Penal de Juicios de Managua para acreditar que es comerciante y no delincuente, se convirtió en la principal prueba de cargo en su contra, por lo que fue declarado culpable por tráfico de armas restringidas en perjuicio del Estado de Nicaragua.

La fiscal Jeaneth Canelo le solicitó a la jueza Adela Cardoza que castigue al extranjero con la pena máxima de ocho años de prisión y 500 días multa, más el decomiso de las dos subametralladoras y los 60 mil dólares que la Policía les ocupó el 11 de marzo, cuando lo arrestaron a bordo de la camioneta blanca, Ford, placa M026930, en la inmediaciones de Galería Santo Domingo, Carretera a Masaya.

Otra prueba que la justicia nicaragüense tomó en cuenta para declarar culpable a Porras fue la lista que la Policía encontró en su cartera, en la que se detallaban las armas a comprar: 20 morteros de 60 y 82 milímetros; 12 ametralladoras calibre 50 y 60 milímetros; granadas de mano F-1 por cajas y más de 400 fusiles AK plegables, de culata fija, y G-3, entre otras.

Durante todo el proceso, el acusado alegó que él venía a comprar una propiedad a Nicaragua y que el dinero que traía era precisamente para eso, pero en la declaración de aduanas, donde uno da fe de que todo lo declarado ahí es verdad, no reportó ni el dinero ni las armas, hecho que la autoridad judicial tomó muy en cuenta a la hora del juicio oral y público.

Junto al costarricense también fue declarado culpable, el nicaragüense Edwin José Moreno, de 24 años, para quien el Ministerio Público solicitó ocho años de prisión por tráfico, acopio o almacenamiento de armas.

Los abogados defensores del costarricense y del nicaragüense inculpados solicitaron la pena mínima de cuatro años de prisión, pero será hasta en las próximas horas que la judicial pronunciará su condena.