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Las “medidas urgentes” que otorgó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para garantizar la salud, integridad y la vida a 17 manifestantes opositores que han sido encarcelados durante la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua, debe ser cumplida por el Gobierno nicaragüense, porque de lo contrario, puede derivar en un juicio penal internacional contra el país.

El exprocurador Alberto Novoa dijo que el Estado nicaragüense está obligado a cumplir con las medidas, porque es firmante del Pacto San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos) y si no lo hace en este momento podrían aplicársele sanciones, las cuales serán determinadas por la misma Corte.

“La Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) es un órgano administrativo y la Corte es la que aplica la ley, cuál es su ley, lo que establecen los convenio internacionales en los que está suscrito Nicaragua. A la Corte por lo menos le permite en estos momentos enviar una orden para que se apliquen medidas preventivas, está diciendo ‘señores no hagan eso’, digamos que es un requerimiento preventivo para que no se sigan cometiendo violación de derechos humanos. Es la antesala ante un posible proceso de carácter penal internacional, promovido por la Comisión”, explica Novoa.

Cárcel La Modelo de Tipitapa. Archivo/END

En caso que el Gobierno no cumpla con las medidas que dictó la Corte IDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puede presentar la denuncia ante la Corte e iniciarse así un proceso jurisdiccional contra el Estado de Nicaragua, de acuerdo al exprocurador Alberto Novoa.

En dicho proceso, el Estado de Nicaragua puede defenderse de las acusaciones. “En este proceso se necesita que el Estado se defienda, una vez que la denuncia de la CIDH sea tomada en cuenta por la Corte IDH”, explica el jurista.

No obstante apunta que llegar a este proceso puede durar muchos años, pero si la Corte falla en contra del Estado de Nicaragua dictando que el Gobierno no respetó los derechos humanos, “el Estado se verá obligado a pagar indemnización por los crímenes que ha cometido el Gobierno”, detalla Novoa.

Debe cumplir

La abogada Leyla Prado, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), explica que la resoluciones de la Corte son vinculantes y por lo tanto son de ineludible cumplimiento, por lo que el Estado de Nicaragua tiene que resolver “lo más inmediato posible lo que establece esta resolución, así que estamos esperando que en estos días dejen en libertad a estos 17 presos para que le garanticen los derechos fundamentales”.

La funcionaria de la CPDH dijo que sanciones de la Corte no echarán preso a nadie, pero estas implican sanciones morales internacionales.

“Lo que hace es quebrar relaciones diplomáticas con países que sean respetuosos a las garantías y procesos de los ciudadanos nicaragüenses, por eso es fundamental que el Estado cumpla con la resolución para evitar sanciones”, indicó Prado.

Por su parte, el doctor Julio Montenegro, también defensor de la CPDH, explicó que el Gobierno debe cumplir con las medidas dictadas por la Corte IDH, porque así lo establece la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 46.

“El artículo 46 de la Constitución, establece que el Estado de Nicaragua se compromete a cumplir los tratados internacionales que firma”, dice Montenegro.

De acuerdo al artículo 46 de la Constitución, “en el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, derechos consignados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos”.

El abogado de la CPDH admite que estas nuevas medidas de la Corte IDH se deberían aplicar a todos los manifestantes presos.

La resolución también dispone que a la mayor brevedad posible, una delegación de la Corte Interamericana encabezada por su presidente realice una visita a las cárceles “La Esperanza” y la “Modelo” para entrevistarse con los reos.

Muerte de montes fue determinante

La resolución divulgada la noche de este martes, surge después que el pasado 16 de mayo, el prisionero nica-estadounidense Eddy Montes Praslin, de 57 años, falleciera producto de un disparo propinado por un custodio del Sistema Penitenciario Nacional (SPN).

Un día antes que se registra este incidente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió a la Corte una solicitud de medidas provisionales en favor de 17 opositores encarcelados en “La Modelo” y “La Esperanza”.

“Tras analizar la solicitud presentada, las observaciones del Estado, así como el demás acervo probatorio aportado en el marco del presente procedimiento, el Presidente de la Corte consideró que concurren suficientes elementos para determinar la existencia de una situación de extrema gravedad”, indica la resolución de la Corte IDH, cuya sede radica en Costa Rica.

El tribunal también determinó “la necesidad urgente de adoptar las medidas necesarias para evitar daños irreparables a los derechos a la salud, vida e integridad personal, de modo que se garantice plenamente la seguridad de los solicitantes en el lugar que se encuentren”.

Los beneficiarios de las medidas son Kevin Rodrigo Espinoza Gutiérrez, Cristhian Rodrigo Fajardo Caballero, Yubrank Miguel Suazo Herrera, Edwin José Carcache Dávila, Medardo Mairena Sequeira, Mario Lener Fonseca Díaz, Ricardo Baltodano, Jaime Ramon Ampié Toledo, Julio José Ampié Machado, Reynaldo Lira Luquez, Miguel Mora Barberena, Lucía Pineda Ubau, Amaya Eva Coppens Zamora, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Tania Verónica Muñoz Pavón, María Adilia Peralta Serrato e Irland Jeréz Barrera.

No obstante, cinco de ellos fueron excarcelados el pasado lunes. Para estas personas: María Dilia Peralta, Jaime Ramón Ampié Toledo, Julio Ampié Machado, Reynaldo Luquez y Tania Muñoz Pavón, la Corte pidió confirmar si estaban en sus viviendas y verificar si estaban bajo la figura jurídica de convivencia familiar.

De acuerdo a Daysi George, doctora de Derecho Internacional, desde la Corte IDH se consiguieron medidas provisionales para que se respete la vida de los manifestantes presos, teniendo en cuenta lo que sucedió con el reo de La Modelo Eddy Montes.

“Estas medidas se suman a los argumentos que el Gobierno no respeta los derechos humanos, esto obliga a la comunidad internacional a tomar distintas formas de sanciones, algunas individuales y otras en contra del Estado”, apunta George.

Esta no es la primera vez que la Corte IDH emite medidas para el Estado de Nicaragua, en el año 2016, la Corte dictó medidas provisionales contra el Estado de Nicaragua ordenando “erradicar la violencia y proteger la vida, integridad personal y territorial e identidad cultural en favor de los miembros del pueblo indígena misquito que habita en las comunidades de Klisnak, Wisconsin, Wiwinak, San Jerónimo y Francia Sirpi”.