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La relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, afirmó que si el Estado nicaragüense no cumple con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre las medidas provisionales a los manifestantes presos, estaría en desacato y podría ser objeto de responsabilidad internacional.

Urrejola dijo a El Nuevo Diario que también se podrían determinar medidas como reparaciones materiales o simbólicas a las víctimas, además de atención en salud, entre otras.

Explicó que hay todo un proceso que le corresponde a la Corte explicar y que a este órgano le corresponde también determinar si se cumplió o no con las medidas requeridas, y en su momento decidir si existe responsabilidad internacional del Estado.

Antonia Urrejola. Archivo/END

La resolución extendida por la Corte IDH al Estado de Nicaragua, el pasado 21 de mayo, es de “obligatorio cumplimiento” porque “las medidas provisionales están establecidas expresamente en la Convención Americana de Derechos Humanos”, explicó.

La convención “ha sido firmada y ratificada por el Estado de Nicaragua, por lo tanto, desde el momento en que el Estado de Nicaragua no cumple con la resolución estaría, eventualmente, incumpliendo y, por lo tanto, siendo responsable internacionalmente”, argumentó.

La Corte IDH, mediante una resolución, otorgó medidas provisionales a 17 manifestantes presos, y cinco de estos fueron excarcelados 24 horas antes de conocerse la resolución de la Corte.

Antonia Urrejola, atora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Archivo/END

Afectación grave

La representante de la CIDH explicó que las medidas provisionales son otorgadas por la Corte, que evalúa la afectación grave a los derechos humanos y la efectividad de las acciones estatales frente a la situación descrita, además del grado de desprotección de las 17 personas consideradas.

Asimismo, se le solicita al Estado de Nicaragua adoptar las medidas alternativas al encarcelamiento y ejecutar de forma inmediata todo lo necesario para proteger la salud y la vida de los beneficiarios, entre ellos: Kevin Rodrigo Espinoza Gutiérrez, Cristhian Rodrigo Fajardo Caballero, Yubrank Miguel Suazo Herrera, Edwin José Carcache Dávila, Medardo Mairena Sequeira, Mario Lener Fonseca Díaz, Ricardo Baltodano, Jaime Ramón Ampié Toledo, Julio José Ampié Machado, Reynaldo Lira Lúquez, Miguel Mora Barberena, Lucía Pineda Ubau, Amaya Eva Coppens Zamora, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Tania Verónica Muñoz Pavón, María Adilia Peralta Serrato e Irlanda Jeréz Barrera.

La comisionada Urrejola explicó que la visita “in situ” tendría que ser con la “aquiescencia del Estado”, pero que si el Estado de Nicaragua no diera esa aquiescencia, “la Corte puede realizar audiencias públicas y otras diligencias para hacer un seguimiento de la situación de estas medidas decretadas y, eventualmente, de acuerdo a sus facultades, podrá determinar si se cumplieron o no”.

La resolución de la Corte surge después que el pasado 16 de mayo, el prisionero nica-estadounidense Eddy Montes Praslin, de 57 años, falleció al recibir un disparo propinado por un custodio de “La Modelo”.