•   Managua  |
  •  |
  •  |
  • Edición Web

Ante el anuncio del Gobierno de realizar auditorías a todas las empresas, asociaciones sin fines de lucro, fundaciones y demás sectores exonerados, incluyendo los medios de comunicación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estima que primero es necesario “restituir inmediatamente (las) personerías jurídicas canceladas a organizaciones de la sociedad civil”.

El organismo internacional considera que para favorecer la libertad de expresión y particularmente de prensa sin restricciones, es prioritaria “la devolución de bienes a medios de comunicación afectados por retenciones”, requisas u ocupación de sus instalaciones por parte del Estado de Nicaragua.

La CIDH recordó al Estado de Nicaragua su obligación de “garantizar investigaciones imparciales y diligentes” de  las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en el país desde abril de 2018.

Después que el pasado 22 de mayo se conoció el programa de trabajo del Gobierno en el que propone varios ejes para “consolidar la estabilidad y paz en Nicaragua”, la CIDH emitió una serie de consideraciones y expresó su preocupación por temas que “no fueron abordados y son prioritarios” para el restablecimiento de derechos y garantías en el país.

El Gobierno propuso, entre otras cosas, elevar a categoría de Ley el Plan Integral de Atención a las Víctimas (PIAV), por los hechos violentos ocurridos a partir de abril de 2018, basados en el “principio de perdón, no olvido y no repetición”.

Para consolidar esa estabilidad, sin embargo, según la CIDH es necesario que el Estado inicialmente se comprometa a desmantelar a todos los “grupos parapoliciales” y adoptar medidas destinadas a impedir que “grupos de terceros armados”, que se dedican a atacar y hostigar a la población civil, sigan operando en Nicaragua, señala el organismo.

“El Estado de Nicaragua debe garantizar la reparación integral para las víctimas, así como dar garantías de no repetición por medio de reformas institucionales apropiadas”, recomienda la CIDH.

GARANTÍA PARA RETORNO DE EXILIADOS

En el programa, el Gobierno además propone la liberación definitiva, a más tardar el 18 de junio de este año, de los excarcelados que se encuentran en sus casas en convivencia familiar o en arresto domiciliar, y de quienes todavía se encuentren encarcelados.

Para la CIDH, se deben incluir órganos que “aseguren imparcialidad en la administración de justicia en Nicaragua”.

Sobre el retorno voluntario de los nicaragüenses en el exterior, que salieron en el contexto de los hechos violentos ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, el Gobierno propone su regreso con todas las “garantías constitucionales y de seguridad para su reinserción en la sociedad y a su vida cotidiana personal”.

Miembros de la CIDH, durante una conferencia en Managua, el año pasado. Archivo/END

Para la CIDH, se debe garantizar el “derecho a un retorno seguro” para todas las personas desplazadas que a la fecha suman unas 62,000, de los cuales 55,500 están en Costa Rica, según datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).