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La muerte a balazos del manifestante Eddy Montes Praslin, de 57 años, a manos de un custodio en La Modelo, ha profundizado la crisis en Nicaragua, pues la comunidad internacional denuncia el uso de fuerza letal dentro de una prisión.

El caso también provocó que a lo interno se convocara a un paro nacional y a marchas, mientras que en el exterior se reactivaron los mecanismos en la OEA, Unión Europea y Corte IDH. Estados Unidos demanda una investigación transparente.

La última palabra, sin embargo, podría tenerla la familia de Montes Praslin, dice el analista político Mauricio Díaz, exembajador de Nicaragua en distintos países.

Díaz explica que la muerte de Montes Praslin tomó más relevancia por su ciudadanía estadounidense y porque era un militar en retiro.

“En el caso del señor Montes, él tenía ciudadanía norteamericana y sé que se le está sugiriendo a la familia que haga una demanda, una denuncia en la corte de los Estados Unidos de América en contra de este Gobierno y los responsables”, manifestó Díaz.

El exdiplomático admite que un juicio de este calibre sería largo, pero luego destaca que Montes Praslin era un veterano de la Armada de Estados Unidos, por lo que se han activado diferentes mecanismos internacionales.

El féretro de Eddy Montes. EFE/END

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se pronunció en un tiempo récord porque vieron que aquí hubo un crimen en la cárcel. El Sistema Penitenciario Nacional es responsabilidad del gobierno, los encarcelados son responsabilidad del gobierno”, detalló Díaz.

La muerte de Eddy Montes Praslin, remarca, complica más al gobierno de Nicaragua ante la comunidad internacional.

“El gobierno está viendo cosas que no le favorecen en la correlación de fuerzas internacionales. Tienen el país controlado internamente, pero internacionalmente en junio se vienen varias cosas, como la Nica Act”, señaló Díaz.

Añadió que los europeos están presionando para que haya sanciones y, eventualmente, aplicar la cláusula sobre democracia y derechos humanos que está en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.

PRESIÓN

Tras la muerte a balazos de Montes Praslin, el gobierno de Nicaragua tomó una serie de medidas, como permitir al día siguiente el ingreso a la cárcel Modelo a los familiares de los manifestantes y emitió comunicados seguidos comprometiéndose a liberar a los protestantes antes del 18 de junio, como se acordó con la Alianza Cívica.

Montes Praslin estaba dentro del grupo de manifestante que debía ser liberado, han recordado en varias ocasiones miembros de la Alianza Cívica.

Este hombre de 57 años, sepultado en Matagalpa, era un veterano de US Navy.

La comunidad internacional y el Gobierno de Estados Unidos condenaron su muerte a balazos, además exigen una investigación transparente para determinar cómo se dio el suceso.

“El gobierno de Estados Unidos condena el uso de fuerza letal contra el ciudadano estadounidense Eddy Montes, prisionero político en la prisión La Modelo. Nuestras sinceras condolencias para su familia. Las circunstancias de este trágico incidente deben ser investigadas a cabalidad”, publicó la embajada norteamericana en Managua.

El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, también se pronunció al respecto y demandó una investigación completa y transparente.

“La muerte del ciudadano EEUU Eddy Montes, a manos de autoridades carcelarias de La Modelo, me acusó profunda tristeza. Hoy me reuní c/su familia p/expresarle nuestras condolencias. Merecen informe completo y creíble del injustificado uso de fuerza letal contra un preso desarmado”, publicó en Twitter el embajador.

El toque final lo puso Morgan Ortagus, portavoz del departamento de Estado de Estados Unidos, quien publicó un comunicado en el cual indica que el Gobierno de su país responsabilizará al de Nicaragua por las violaciones a los derechos humanos.

Una multitud acompañó a Eddy Montes a su morada final. EFE/END

“Condenamos con vehemencia el asesinato del ciudadano Eddy Montes en Nicaragua. Los Estados Unidos responsabilizará al régimen de (Daniel) Ortega y todas las fuerzas de seguridad nicaragüenses involucradas en abusos y violaciones de los derechos humanos”, dice el comunicado del Departamento de Estado.

REACCIÓN DEL GOBIERNO

Ante la presión, el Ministerio de Gobernación comunicó que los días viernes 17 y sábado 18 de mayo 2019, el Sistema Penitenciario Nacional otorgó visitas extraordinarias a 275 familiares de 121 manifestantes.

Tras eso, se dio una serie de decisiones internas y externas que confirman el peso que ha tenido la muerte de Eddy Montes Praslin en la crisis nicaragüense.

La OEA sesionó el 21 de mayo y aprobó una resolución contra el gobierno de Nicaragua.

El Ministerio de Gobernación, por su parte, inesperadamente excarceló a 100 manifestantes y se comprometió a una liberación definitiva antes del 18 de junio para todos los protestantes presos o con causas judiciales abiertas.

La Alianza Cívica por la Justicia por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) decidieron convocar a un paro nacional, que se hizo el pasado jueves.

Y la UNAB llamó a una marcha para este domingo, así como a una serie de actos de protesta para exigir una investigación por la muerte de Montes Praslin.

Para el analista político Mauricio Díaz, bajo toda esta presión el gobierno de Nicaragua aparentemente envía señales positivas al comprometerse a liberar a los manifestantes, pero critica que sea de manera unilateral.

“El problema es que ya nadie les cree, mucho menos cuando el gobierno dice: ‘yo voy a continuar adelante, yo voy a garantizar el retorno de la gente (exliados)’”, dijo Díaz.

La actitud gubernamental, añadió, descalifica el diálogo nacional con la Alianza Cívica.

“Y lo que quiere la comunidad internacional, lo que queremos los nicaragüenses, son acuerdos serios verificables, calendarizados, revisados y acompañados por observadores, no solo electorales, sino verificados por testigos de la comunidad internacional”, mantuvo.

El sepelio de Eddy Montes. Jorge Ortega/END

Las recientes acciones gubernamentales, para Díaz, siguen siendo tácticas dilatorias, que no van ayudar ni al gobierno, ni al país.

“Me parece que si hubiera voluntad genuina de evitar todo lo que se nos viene encima, desde hace rato el gobierno debió haber comenzado a dar pasos serios y creíbles, pero yo siento que en la medida que nos acercamos a junio, como no hay acciones de aquí, la amenaza de la Nica Act se viene y cada día que pasa es peor para el gobierno y, en última instancia, también para el pueblo nicaragüense”, expresó.

GRAVES VIOLACIONES

Yonarkis Martínez, abogada independiente de manifestantes detenidos y asesora legal del Comité de Familiares de Presos y Presas Políticas, asegura que los derechos humanos de Eddy Montes han sido violados antes, durante y después de su muerte a balazos.

“Cuando el Estado priva de la libertad a una persona, asume el deber de cuidarla, el principal nivel de cuidado es manteniendo su seguridad, manteniendo su bienestar y en este caso no se hizo. Los derechos humanos de los y las presas políticas son irrenunciables, nadie se los puede quitar, es algo con lo cuales ellos nacen por el simple hecho de ser humanos”, explicó Martínez.

La abogada independiente precisó que a Montes Praslin, desde el momento de su detención, se les estaban violentando sus derechos.

Detalló que antes de su muerte se le privó el derecho a la salud, a la integridad física, a no ser torturado, ni maltratado.

También se le violentó el derecho a la alimentación, se le procesó siendo inocente, se le negó el derecho a una defensa y no tuvo un juicio justo.

Cuando le disparan, precisó Martínez, a Montes Praslin se le negó el derecho a la vida y a una atención médica adecuada.

Y una vez fallecido, la familia tiene derecho a una investigación y que los responsables de la muerte deberían ser acusados administrativa, penal y civilmente.

“Es más, a don Eddy se le debió haber puesto en una celda donde están los de la tercera edad, porque él tenía 57 años, él debía estar en una celda especial, si el Sistema Penitenciario hubiera cumplido con ciertos parámetros, pero violentó todas las normas, tanto internas como penales”, dijo Martínez.