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La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), señaló que la negativa de la Policía Nacional a la realización de marchas evidencia que el Gobierno de Nicaragua no quiere cumplir los acuerdos de garantías contitucionales.

La Alianza dijo que el anuncio de la Policía para no permitir la marcha convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) viola los derechos humanos porque la Constitución Política establece la libre movilización.

 “La restricción del derecho de movilización evidencia una vez más la falta de voluntad política del Gobierno para cumplir con el acuerdo de Fortalecimiento de Derechos y Garantías Ciudadanas firmado en el marco de la Mesa de Negociación entre las delegaciones de Ortega-Murillo y la Alianza Cívica el día 29 de marzo de 2019”, publicó la Alianza Cívica en un comunicado compartido ayer en la noche.

Las negociaciones iniciaron el pasado 27 de febrero y fueron suspendidas desde el tres de abril, la Alianza dijo que no continuaría porque el Gobierno no cumplió con los acuerdos firmados, en los que establecía la libre movilización y la liberación definitiva de los manifestantes presos.

Después hubo conversaciones para reanudar el diálogo pero se cerrarón el 16 de mayo, después que el Ministerio de Gobernación anunció la muerte del manifestante Eddy Montes en cárcel La Modelo, reo que estaba en las listas conciliadas y que debía ser liberado según los acuerdos firmados en la negociación.

 “La negativa de la Policía Nacional de otorgar permisos policiales, aun cuando se cumplen los requisitos establecidos por la constitución y las leyes y bajo criterios y excusas que responden a razones estrictamente partidarias, sigue constituyendo una grave violación a los derechos humanos fundamentales de los nicaragüenses”, publicó en el comunicado la Alianza Cívica.

La Policía justificó que no autorizaba la marcha convocada por la UNAB porque “alteraba” el libre tránsito vehicular, un argumento que ha usado en el pasado y que los opositores han rechazado.

Después la UNAB respondió diciendo que cumplió los requisitos legales y que hará uso del derecho constitucional a la libre movilización.

La Alianza señaló que dará respaldo a las iniciativas de distintas organizaciones a convocar a marchas y exigió al Gobierno el complimiento con las obligaciones internacionales para que no se prohiban las manifestaciones.