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La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) cuestionó el proyecto de “Ley del perdón” que impulsa el Gobierno de Nicaragua, al considerar que la iniciativa crearía una especie de amnistía para los responsables de la represión estatal.

El canciller Denis Moncada dijo en medios oficialistas que la iniciativa “Plan de atención de las víctimas de la violencia” también conocida como “Ley del perdón”, que se presentará al Poder Legislativo, está basada en el principio de “perdón, no olvido y no repetición”.

Álvaro Vargas, integrante de la Alianza Cívica, manifestó que el único mecanismo que apoyan para garantizar reparación a las víctimas de la violencia durante la crisis está relacionado con la justicia transicional.

Consideró que la iniciativa gubernamental crearía una suerte de amnistía para los responsables de la represión estatal.

“Los estándares internacionales de justicia cada día están menos de acuerdo con una amnistía general”, dijo Vargas al ser consultado.

Agregó que, precisamente, como parte de los esfuerzos para lograr justicia hacia las víctimas de la violencia y a quienes aún guardan prisión, la semana pasada un grupo de abogados dio a conocer públicamente cuáles son las rutas jurídicas que permitirían, en primera instancia, lograr la liberación definitiva de todos los manifestantes, sin la necesidad de aprobar una amnistía o indulto.

Y en segundo lugar, la Alianza Cívica ha sugerido que sea a través de la justicia transicional que el daño a las víctimas pueda ser garantizado, para que los autores de las muertes violentas sean procesados.

Álvaro Vargas. Archivo/END

“Es un tema de justicia. Lo hemos estado trabajando y propuesto a través de la justicia transicional. Es un tema de justicia conocer la verdad y que no vuelva a repetirse este caso”, dijo Vargas.

Solo para simpatizantes del gobierno

Moncada, por su parte, dijo que el Gobierno ha organizado más de 500 comisiones de “reconciliación y paz”.

El nombre con el que será presentado el plan ha sido modificado, pues este lunes el mismo Moncada Colindres lo llamó “Plan integral de atención a víctimas del terrorismo golpista de abril, mayo, junio y julio del 2018” y no como originalmente se dio a conocer la semana pasada (Plan integral de atención a las víctimas, PIAV).

Ahora, en la nueva versión, en el plan únicamente se estaría considerando como víctimas a los simpatizantes del Gobierno.

Desde abril de 2018 Nicaragua está inmersa en una crisis política que ha cobrado la vida de al menos 325 personas, según informes de organismos internacionales defensores de derechos humanos.

Uno de estos informes lo presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) en diciembre pasado, señalando al Gobierno de Nicaragua de cometer crímenes de lesa humanidad y recomendó al Estado implementar un plan para que los responsables de cometer violaciones a los derechos humanos, tales como asesinatos, desapariciones y tortura de manifestantes fuesen investigados.