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Defensores de derechos humanos cuestionaron ayer el proyecto de ley gubernamental conocido como “Ley del perdón”, al considerar que se trata de una amnistía disfrazada que promovería impunidad.

Agregaron que esa iniciativa, de ser aprobada en la Asamblea Nacional, no tendría alcance internacional, pues los delitos de lesa humanidad no prescriben.

“De aprobarse se convertiría en un mecanismo de impunidad y, precisamente, lo que está tratando de evitar es que se juzgue o que se establezca la responsabilidad de todos los implicados en los crímenes que se han cometido en contra de más de 300 ciudadanos”, señaló Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

El punto es compartido por Marcos Carmona, secretario general de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quien afirmó que ya sea la amnistía o indulto, ambas figuras son un intento del Gobierno por legalizar los crímenes cometidos.

“Como CPDH hemos sido claros ante la población y la comunidad internacional, que amnistía significa un perdón y olvido. Aquí no podemos olvidar cuando ha habido más de 300 muertos, torturados, con jóvenes abusadas y violadas sexualmente, por lo que estamos en contra de este proceso que quiere aprobar el Gobierno”, indicó Carmona.

Agregó que es importante que se establezca la verdad, la justicia, la reparación y no repetición a través de la conformación de una Comisión de la Verdad, pero solo cuando haya instituciones comprometidas con las leyes, los derechos humanos y el estado de derecho.

“La ley de amnistía que se pretende impulsar en la Asamblea Nacional es parte del circo (del Gobierno), que quiere hacernos olvidar todos los crímenes que ha dejado mucho luto y dolor al pueblo de Nicaragua”, dijo Carmona.

Sin impacto en el exterior

Por otro lado, Núñez explicó que de aprobarse esta medida, jurídicamente, quitaría responsabilidad penal a nivel local a los responsables de los crímenes y de ahí el interés del Gobierno por dar trámite a ese asunto.

Sin embargo, Núñez recordó que a nivel internacional informes como el elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ha señalado al Gobierno de Nicaragua de cometer crímenes de lesa humanidad, tales como violaciones, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas por mencionar algunos, no prescriben.

Marcos Carmona. Archivo/END

“Desde el punto de vista jurídico internacional eso (Ley del perdón) no representa nada, porque las personas del Gobierno aunque se autoamnistíen aquí, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, y no son amnistiables como parte de la responsabilidad penal”, explicó Núñez.

Valoración Alianza Cívica

En tanto, Ernesto Medina, asesor de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACDJ), aseguró que la iniciativa no resolvería nada y la considera un esfuerzo más del Gobierno por “ignorar la realidad”.

“No tendría ningún efecto si se aprueban estas leyes, sino seguir viviendo en ese mundo de mentiras y falsedades, pero los nicaragüenses sabemos la verdad, las madres que son las principales afectadas, dijeron que no significa nada”, afirmó Medina.

Agregó que las autoridades quieren evadir la responsabilidad que tienen sobre los asesinatos ocurridos en el contexto de las manifestaciones, al proponer este tipo de iniciativas.

Discusión de la ley postergada

El gobierno de Nicaragua anunció que ayer, martes, la iniciativa de ley sería introducida ante la Asamblea Nacional.

Por el momento, no hay fecha de trámite, aunque el Parlamento es dominado por el oficialismo.

La iniciativa de ley que el Gobierno ha denominado “Plan integral de atención a las víctimas del terrorismo golpista de abril, mayo, junio y julio de 2018”, está basada en el principio de “perdón, no olvido y no repetición”, dijo Moncada el lunes pasado, cuando se refirió al tema por primera vez.