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Roberto Francisco García, líder del grupo de protesta Resistencia por mi Nicaragua (RPN), denunció que el 30 de mayo, después de la misa del Día de las Madres, civiles lo detuvieron y entregaron a la Policía Nacional, que lo liberó poco después.

García, de 39 años, asegura que después de salir de catedral, a eso de las 3 de la tarde, subió a un taxi junto a otros miembros del RPN, pero más adelante sólo iba él de pasajero, cuando fue interceptado por dos camionetas blancas y media docena de motorizados armados.

“Eran como 25, los que no estaban encapuchados iban con los cascos de moto. Me bajaron del taxi, me encapucharon y golpearon en el pecho. Luego me lanzaron a la tina de una camioneta y arrancaron”, denunció García ante la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH).

Comentó que el vehículo dio vueltas por un tiempo de aproximadamente 2 horas y media, para después detenerse en un lugar donde parece que estaban esperando a alguien.

“De repente me bajaron, me quitaron la capucha y pude ver a un oficial de policía. Me interrogaron y preguntaban que quién me financiaba y yo le dije que nadie. Después de insistir por algunos minutos, me citó en la delegación de la Policía para que llegara a las 1 de la tarde para platicar y negociar. Posteriormente me dejaron libre. Creo que quería que trabajara con ellos, pero decidí denunciar eso en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH)”, dijo García.

De acuerdo con su versión, durante la manifestación de Las Banderas, el año pasado, pasó un vehículo con parapolicías armados disparando contra los protestantes, pero ahora circula un video en el que, argumentó, se hizo un montaje de imágenes para hacer ver que él es quien disparó.

Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, dijo que de confirmarse la denuncia, las autoridades estarían actuando en contra de la ley.

“Estamos haciendo un informe que será enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, además haremos solicitud a la CIDH para que se le otorguen medidas cautelares”, indicó Cuevas.