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Junio trae cinco fechas clave, en las que el gobierno debe tomar decisiones, que podrían ayudar a resolver o agravar la situación socio política de Nicaragua entre las que se encuentra la liberación de los manifestantes; así como la fecha de implementación de la Nica Act que pudiera traer consigo nuevas sanciones

El gran canal interoceánico

La primera fecha fatal se cumplirá el próximo 13 de junio, cuando vencerá el plazo de seis años para que la firma china, HKND Group, presente pruebas de que puede financiar el proyecto del Gran Canal en Nicaragua.

El proyecto, aprobado por la Asamblea Nacional el 13 de junio de 2014 y firmado por el gobierno un día después, tiene los plazos encima para confirmar si HKND será capaz o no de impulsar la obra, valorada en US$50,000 millones.

En caso de no garantizar ese financiamiento, se espera que la ley, fuertemente criticada por ambientalistas, grupos políticos disidentes y grupos campesinos, sea derogada.

Para el exvicecanciller de Nicaragua, José Pallais, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, este primer plazo pone a prueba al gobierno nicaragüense.

“Si procede a derogarla (la ley), ahora que está claro que no se hará y que no existía capacidad financiera de parte del chino (Wang Jing), estaría corroborando (el gobierno) que fue una intención en busca de un proyecto fastuoso, mal calculado, pero no el interés de apoderarse de tierras valiosas que pertenecen a miles de campesinos nicaragüenses”, dijo Pallais.

Liberación de presos

El segundo plazo se cumplirá el 18 de junio. Es la fecha límite que tiene el gobierno para liberar a todos los manifestantes detenidos en el contexto de la crisis de abril de 2018.

El analista político y exembajador de Nicaragua en la Unión Europea y Venezuela, Róger Guevara Mena, considera que salir a “flote” de esta crisis que atraviesa Nicaragua pone como condición la liberación de todos los manifestantes.

“Yo creo que el haber hecho un compás de espera tan largo ha producido mucho daño en la imagen internacional del país y la seguridad de la ciudadanía en general”, dijo Guevara Mena.

José Pallais. Archivo/END

Según Pallais, del equipo negociador de la oposición, la liberación de los manifestantes “debe ser total”, en cumplimiento con los acuerdos firmados entre el gobierno y la Alianza Cívica el 27 y 29 de marzo.

“Ninguno puede quedarse (en prisión), y es lo que espera la comunidad internacional (…) En Nicaragua y fuera de Nicaragua no se entendería un cumplimiento parcial, se estimaría como un incumplimiento, porque se trata de personas inocentes que nunca debieron haber estado en las cárceles”, afirmó Pallais.

La Unión Europea

El 18 de junio también es clave para que en haya un cambio en Nicaragua y compromisos serios por parte del gobierno, de lo contrario la Unión Europea (UE), en la segunda quincena de este mes podría aplicar sanciones de forma individual, según los tiempos que han anunciado los eurodiputados.

El pasado 14 de marzo el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que pide aplicar medidas restrictivas contra el gobierno de Nicaragua, tras una visita que en enero de este mismo año realizó una misión de eurodiputados en el país, encabezada por el socialista español, Ramón Jáuregui.

Las sanciones son un instrumento esencial de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la UE, que contempla entre sus objetivos consolidar y apoyar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los principios del Derecho Internacional.

Para Guevara Mena la aprobación de sanciones por parte de la Unión Europea, de forma colateral, afectaría más a la economía nicaragüense, ya que dejarían por fuera a Nicaragua del Acuerdo de Asociación (ADA).

“Quedar fuera del Acuerdo de Asociación supone que perdemos los mercados de Europa (…) Es algo que nos preocupa, porque es casi una situación de un bloqueo comercial y que evidentemente no solamente el gobierno sale afectado”, dijo Guevara Mena.

Congreso recibirá informe

El próximo 21 de junio también es una fecha clave en el camino que recorre Nicaragua desde que inició la crisis sociopolítica.

Ese día se cumplirá el plazo de 180 días para que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, presente un informe detallado ante el Congreso sobre la participación de los principales funcionarios nicaragüenses que participaron en violaciones de derechos humanos, actos de corrupción y/o lavado de dinero.

El informe se presentará posterior a la promulgación de la ley Nica Act, que fue aprobada el 27 de septiembre de 2018 en el Senado de los Estados Unidos.

La Nica Act es una ley que impone una serie de sanciones financieras al gobierno de Nicaragua y a funcionarios involucrados en actos de violación a los derechos humanos y corrupción.

La ley fue ratificada en el Congreso el 11 de diciembre de 2018 y firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald, Trump el 20 de ese mismo mes.

El informe del Departamento de Estado, según Pallais, “marcará por mucho tiempo” la política de Estados Unidos frente a Nicaragua y alertará sobre la necesidad de defender la democracia y el respeto de los derechos humanos.

Para ese entonces, el gobierno de Nicaragua deberá definir su política y precisar si desea mantener buenas relaciones con los Estados Unidos o una política de confrontación, estimó Pallais.

“Independientemente de qué tan rápido avancen las sanciones o qué tantas personas sean sancionadas, lo importante es el incumplimiento de los acuerdos, de las disposiciones de la ley, definitivamente cerrará un capítulo y abrirá uno nuevo que será definitorio para el futuro de Nicaragua”, agregó Pallais. Daniel Ortega/END

De acuerdo con el texto de la legislación, la Nica Act sería suspendida sólo si el gobierno de Nicaragua convoca a unas elecciones “libres, justas y transparentes".

La Nica Act, además de imponer sanciones individuales, limitará el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales, incluyendo los del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Hasta ahora, desde la crisis que estalló en abril de 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso una serie de sanciones acusando a funcionarios de corrupción y abusos contra los derechos humanos.

Para Guevara Mena, dentro del paquete de sanciones también está riesgo la continuidad del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA).

“Se verían seriamente comprometidas nuestras exportaciones y nuestras remesas, y es por eso que esto nos produce preocupación, ya que con el cierre del sistema financiero con Estados Unidos a través de la Nica Act, entraríamos a una serie de limitaciones a nuestra balanza comercial”, puntualizó Guevara Mena.

EL PLAZO EN LA OEA

El 26 de junio se cumplirá otro de los plazos. A partir de esa fecha se realizará en Medellín, Colombia, la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que abordará como tema “urgente” la crisis de Nicaragua.

En esta cita de máximo nivel de la OEA es que se podría terminar de aplicarse al gobierno de Nicaragua la Carta Democrática Interamericana, con el riesgo de quedar excluido del foro continental.

La grave crisis de Nicaragua, enfatizó Pallais, es uno de los “mayores problemas pendientes” por resolver en el continente.

Para aplicar la Carta Democrática se necesitan al menos 24 votos.

Pallais señaló que cualquier resolución que se tome en Medellín será en contra del gobierno de Nicaragua, por la “ruptura del orden democrático” y los pasos insuficientes en las negociaciones que permitan un adelanto de elecciones.

En la historia de la OEA, únicamente se han aplicado dos suspensiones: Cuba, en 1962, país que se mantiene fuera hasta la fecha; y Honduras, en 2009, al que reincorporaron en 2011.

Esta semana, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que espera que antes de la reunión el gobierno nicaragüense cumpla con los acuerdos firmados en el diálogo nacional, particularmente en lo vinculado a la liberación de los manifestantes.

Para esta sesión de la OEA, el gobierno de Nicaragua ya no contaría con el voto de Venezuela, cuyo asiento en el Consejo Permanente desde el pasado 17 de abril lo ocupa Gustavo Tarre, embajador designado por el presidente interino Juan Guaidó.

El voto de El Salvador tampoco podrá ser tomado en cuenta por el gobierno nicaragüense, debido a que el presidente Nayib Bukele, ha manifestado públicamente su descontento.

La grave crisis de Nicaragua, enfatizó Pallais, es uno de los “mayores problemas pendientes” por resolver en el continente. Archivo/END

Las consecuencias

Para Edgard Parrales, exembajador y representante permanente de Nicaragua ante la OEA en los años ochenta, todos estos plazos plantean una “perspectiva bastante oscura” para el gobierno y para el país.

“Todas (las fechas) son importantes, hasta cierto punto son como una medida desde distintos ángulos”, afirmó Parrales.

Estos términos abren dos caminos para el gobierno de Nicaragua, señaló el exdiplomático: entablar un verdadero diálogo o sufrir más sanciones.

En iguales términos opinó Pallais, quien explicó que se abre una “posibilidad de salir de la crisis o de caer más profundamente en ella”.