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La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunció el “cierre arbitrario y suspensión de licencias y concesiones, hasta el acoso directo y la amenaza” que sufren algunos comercios por parte del gobierno de Nicatagua.

En un comunicado, la Alianza Cívica dijo que el cierre de los locales representa una nueva modalidad de "represión" llevada a cabo por el Gobierno de Nicaragua.

Contenido exclusivo: “Llegó el momento de transformar”

“Respaldamos a las empresas afectadas por esta nueva represión en las medidas legales que interpongan, como instrumento que registre la violación a sus derechos constitucionales”, dijo la Alianza Cívica la noche del sábado.

Mario Arana, miembro de la Alianza Cívica, dijo ayer que los dueños de los locales que han sido cerrados deben denunciar los casos ante las instancias nacionales e internacionales, como la OEA.

“Queremos que todos estos incidentes se reporten a la Alianza y / o al Representante del Secretario General de la OEA. Se ha declarado un registro de todas estas anomalías porque son una violación a los derechos de los nicaragüenses y develan la hipocresía de este régimen ", declaró Arana.

En el comunicado compartido la noche del sábado, la Alianza Cívica reclamó que el Gobierno pida la suspensión de sanciones internacionales, pero afecta a pequeños y a grandes empresas por el hecho de solidarizarse con los manifestantes presos y haber respaldado el paro nacional.

Entre los comercios que han sido afectados por participar en el Paro Nacional del pasado 23 de mayo se ha mencionado el cierre de dos bares en León y una farmacia en Moyogalpa.

Los bares El Padrino y La Olla fueron cerrados por la Policía Nacional el pasado 25 de mayo, dos días después del paro, denunciaron sus dueños.

Según los dueños, la Policía Nacional adujo que no cumplían algunos requisitos.

También se reportó el cierre de la farmacia "Avellán", localizada frente al hospital primario del municipio de Moyogalpa, Isla de Ometepe, en Rivas.

Según la propietaria de la Farmacia, Salua Avellán, la decisión pone en riesgo la salud de los habitantes y un inventario de 5,000 dólares que existe dentro del establecimiento.

En este caso, inspectores habrían confirmado que la farmacia no operó el pasado 23 de mayo.

El gobierno de Nicaragua, de forma oficial, no se ha referido a estos cierres de locales.