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La Farmacia San Martín, ubicada en Jalapa, Nueva Segovia, es uno de los negocios clausurados definitivamente por el Ministerio de Salud (Minsa), el pasado 31 de mayo, dejando sin ingresos a una enfermera con jubilación anticipada.

La propietaria, Ninoska Linette Zamora Zeledón, señaló que la medida es una “represalia” por haber participado en el más reciente paro nacional.

Según Zamora Zeledón, el pasado 23 de mayo, personal del Minsa se habría presentado a su negocio a realizar una inspección, pero al no encontrarla, porque andaba en una consulta médica, procedieron a dejarle una notificación del cierre de su negocio.

“Está en juego nuestra seguridad y nos pusieron en riesgo nuestro derecho a tener un trabajo digno”, mencionó Zamora Zeledón, quien tenía 3 años administrando el negocio.

La propietaria de este negocio apelará la decisión del Minsa y recurrirá a todos los organismos de derechos humanos para denunciar su caso.

En el negocio tenía un inventario de aproximadamente US$15,000 y el cierre pone en riesgo la economía de su hogar, denunció.

Anteriormente, Zamora Zeledón también había participado en las convocatorias a las que invitó la Alianza Cívica el año pasado.

“En todos los paros he participado y las marchas igual, esto es una amenaza directa, porque son represalias”, apuntó.

Alianza Cívica: nueva modalidad de represión

El cierre definitivo de establecimientos comerciales que participaron en el paro nacional del pasado 23 de mayo es la “nueva modalidad de represión” que utiliza el Gobierno para castigar a los propietarios de los negocios, señaló la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

Entre el 28 y el 31 de mayo, al menos tres establecimientos farmacéuticos, uno en la Isla de Ometepe y dos en Nueva Segovia fueron clausurados por el Minsa, solo porque se unieron al paro nacional convocado por la Alianza Cívica, denunciaron sus dueños.

Fotografía del paro nacional. Óscar Sánchez/END

“Respaldamos a las empresas afectadas por esta nueva represión en las medidas legales que interpongan, como instrumento que registre la violación a sus derechos constitucionales por parte de este régimen”, informó la Alianza Cívica a través de un comunicado.

Doble discurso

El pasado viernes, el Minsa también procedió a clausurar la Farmacia Inmaculada, ubicada en Ocotal, Nueva Segovia, cuyo propietario es Marcos Herrera Beltrán.

La primera en ser cerrada definitivamente fue la Farmacia Avellán, ubicada en la Isla de Ometepe.

En cada uno de los cierres definitivos, representantes del Sistema Local de Atención Integral habrían realizado inspecciones el mismo día del paro nacional.

“De nuevo el régimen predica lo que no hace (...). Pide suspensión de sanciones y al mismo tiempo sanciona a dueños de pequeños y medianos establecimientos, e incluso a grandes empresas, por el simple hecho de mostrar solidaridad con los presos políticos y sus familiares”, dijo en su comunicado la Alianza Cívica.

Posterior al paro nacional, la Alianza Cívica asegura que ha constatado el “cierre arbitrario y suspensión de licencias y concesiones, hasta el acoso directo y la amenaza” contra propietarios de diversos negocios que se unieron al llamado del paro.

Por su parte, la Unidad Nacional Azul y Blanco externó el “cierre arbitrario de negocios”, también es una forma de “represión”.

El día del paro nacional, El Nuevo Diario captó el momento en que dos policías en el sector de Linda Vista fotografiaban los negocios que se unieron al llamado de la Alianza Cívica.