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El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) exigió este domingo al Gobierno de Nicaragua que sus estructuras partidarias terminen los actos de hostigamiento, acoso y amenazas directas contra los dirigentes gremiales empresariales que se han sumado a la protesta cívica.

“Exigimos cesen de inmediato todos los actos de represión política en contra del sector privado y se suspendan por las instituciones públicas y fuerzas partidarias de Gobierno, todas las amenazas, intimidaciones y acciones represivas y confiscatorias de hecho en contra del sector privado y demandamos se restablezcan los derechos de todos los empresarios afectados en forma inmediata”, señala la organización empresarial, a través de un comunicado.

El pronunciamiento añade que en forma reciente han observado nuevos actos de represión contra los empresarios que han hecho uso de su legítimo derecho a la protesta cívica y se han sumado al reciente paro empresarial convocado por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACDJ).

“Acciones represivas que ahora se pretenden extender a mayor número de empresas y a todas nuestras cámaras y asociaciones gremiales, a las cuales oficialmente el Gobierno ha amenazado con represión oficial”, indicó el Cosep.

Ante comunidad internacional

El Cosep manifestó en el comunicado que están denunciando ante la comunidad internacional “la impunidad con que hacen llamados a la violencia y aluden capacidad de actuar en forma impune de fuerzas paramilitares en contra de la sociedad civil”.

Agrega que desde que inició la actual crisis sociopolítica, en abril de 2018, y el Cosep asumió un compromiso invariable de respeto a la lucha cívica y pacífica del pueblo nicaragüense y se integró a la Alianza Cívica, además, el sector privado ha venido siendo objeto de actos ilegales e inconstitucionales de hecho, ejecutados por autoridades de Gobierno y miembros de sus estructuras partidarias.

“La crisis económica sigue sin resolverse y la sociedad civil en general sigue siendo víctima de un estado policial que cotidianamente intimida, amenaza y reprime los derechos constitucionales fundamentales de los nicaragüenses”, dice otra parte del comunicado.

José Adán Aguerri. Archivo/END

En su nota de prensa, el Cosep señala que la libertad de empresa está amparada en la Constitución de la República, cuyos principios expresan que el Estado debe garantizar “el pleno ejercicio de las actividades económicas sin más limitaciones que, por motivos sociales o de interés nacional, impongan las leyes”.

En la última semana los dueños de dos comercios en León y una farmacia en Ometepe denunciaron el cierre de sus negocios, por sumarse al paro nacional del 23 de mayo.

El Gobierno de Nicaragua no se ha referido públicamente a esas denuncias.

Los acuerdos

Por otro lado, el pronunciamiento del Cosep también reitera que es imprescindible que el Gobierno de Nicaragua cumpla, a la mayor brevedad, con los acuerdos suscritos el 27 y 29 de marzo de 2009, “que permita la liberación definitiva de todos los presos políticos y el restablecimiento pleno de los derechos y garantías ciudadanas, que muestre con hechos reales y concretos su voluntad política real de cumplir con lo acordado y establezca las condiciones necesarias para que, a través del diálogo, se puedan alcanzar acuerdos definitivos en la mesa de negociación”.