• Managua, Nicaragua |
  • |
  • |
  • Edición Impresa

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) expondrá este miércoles a los dueños de negocios afectados por la represalia gubernamental, una ruta jurídica para demandar la restitución de sus derechos y que puedan reabrir sus locales cerrados por apoyar el paro nacional reciente.

José Adán Aguerri, presidente del Cosep, afirmó que la ruta jurídica para los dueños de negocios señala que deben acudir primero a la autoridad que castiga (en el caso de las farmacias sería el Ministerio de Salud), seguir el curso de la demanda y después ir hasta la Corte Suprema de Justicia, si es necesario.

El Gobierno está actuando, principalmente, en contra del sector farmacéutico que se unió al paro nacional el pasado 23 de mayo, enfatizó.

“Este es un sector regulado (las farmacias) y, por lo tanto, aquí han llegado al nivel de cerrar, especialmente farmacias pequeñas en los diferentes departamentos del país”, aseguró Aguerri.

“Hemos conocido también que (las autoridades) hicieron algún tipo de asedio a algunos negocios en el ámbito de servicios, pero como estos no son negocios que tienen o que prestan un servicio de bien público, entonces ahí no han podido hacer lo mismo que con estas farmacias”, explicó.

La decisión de Ministerio de Salud (Minsa) de cerrar a las farmacias, atenta contra “el derecho a pensar diferente y con esta medida lo que están haciendo es apostando a más desempleo y afectando a la población”, añadió Aguerri.

El Cosep está recabando datos de cuántos negocios han sido afectados. “Conocemos la instrucción que dio el Minsa para investigar en cada zona cuáles son las farmacias que se unieron al paro cívico”, indicó.

Represalias continúan

El presidente del Cosep dijo que elevaron una denuncia ante organismos internacionales y los testigos de la mesa del diálogo, sobre las acciones del Gobierno contra los dueños de negocios que han participado en las protestas.

Explicó que desde el año pasado “inició una situación de represión en contra del sector empresarial, que se vio con las confiscaciones de tierras, posteriormente continuaron con incrementos tarifarios, con la reforma tributaria impositiva, con la misma reforma del seguro social y ahora vemos este tipo de acciones, queriendo cerrar empresas específicamente en este ámbito farmacéutico”.

El Cosep demanda el cese de este tipo de represión y exige que se restituyan los derechos.

Farmacias

Propietarios de pequeñas farmacias de Nueva Segovia, Carazo, Boaco y Rivas se mostraron indignados por las medidas que ha tomado el Minsa, que les ha enviado notificaciones en las que les impone una multa o, en el peor de los casos, el cierre de sus negocios, por haber apoyado el paro nacional del pasado 23 de mayo, convocado por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Marcos Herrera, propietario de Farmacia Inmaculada, ubicada en Ocotal, Nueva Segovia, denunció que el 31 de mayo recibió una resolución administrativa en la que le informan que por haber cerrado su local, en apoyo al paro nacional, expuso la salud de los nicaragüenses con la carencia de medicinas, violando la Ley 292, Ley de Medicamentos y Farmacias.

“La responsable del departamento de farmacias privadas aseguró que el Silais (Sistema local de atención integral en salud) había realizado una inspección el 23 de mayo, casualmente, y encontró cerrada la farmacia, por lo que decidieron clausurarla indefinidamente. Eso no fue casualidad, el Silais y la Policía anduvieron tomando fotos de los locales que cerramos, entonces, eso fue una medida aplicada por razones políticas”, aseguró Herrera, quien en mayo del año pasado fue despedido del Ministerio de Educación, según él, también por razones políticas.

Agregó que la medida del Minsa fue “irresponsable”, ya que tiene deudas del 40% del total de una inversión en inventario de medicinas que, aproximadamente ronda los C$450,000.

Otro negocio clausurado fue la Farmacia Vida, de Jinotepe, Carazo, que opera en el Supermercado Santiago. El Nuevo Diario intentó consultar a la propietaria del local, Ligia María Muñoz, pero no se encontraba.

Los trabajadores del lugar informaron que, efectivamente, la farmacia había sido cerrada, tras participar del paro nacional convocado por la Alianza Cívica.

Multas

Otras medidas denunciadas por los dueños de negocios, es la imposición de multas. Carlos Flores, propietario de las farmacias San Martín y San Martín #2, en Camoapa, Boaco, afirmó que la responsable del departamento de farmacias privadas del Silais, Jamileth del Carmen Alvarado, se presentó a su local el pasado 31 de mayo para entregarle una resolución administrativa, número 01-2019, en la que le impone una multa de C$5,000 por haber cerrado el día del paro nacional y, supuestamente, exponer a los ciudadanos a una carencia de medicinas.

“Se presentaron a mi negocio con una resolución administrativa. Me dijeron que una supervisión del Minsa central había llegado a constatar el funcionamiento de la farmacia y la encontró cerrada, entonces, según ellos, como cerré ese día, violenté el derecho de los ciudadanos a obtener medicamentos”, expresó.

Agregó que el día del paro, él pasó todo el día en el local, por lo que la supervisión del Minsa “no se efectuó, fue solo una excusa para multarnos por una razón política”.

Al propietario de la Farmacia San Martín también le informaron, de forma verbal, que la segunda farmacia que tiene desde hace 8 años, Farmacia San Martín #2, quedaría clausurada, aunque la misma tenía vencida la licencia desde enero de este año.

En caso que ambas farmacias; San Martín y San Martín #2, terminen clausuradas, el propietario de las mismas quedaría con pérdidas de hasta C$400,000 y tres personas quedarían en el desempleo.

Otros casos

Los dueños de la Farmacia San Judas, ubicada en Jalapa, Nueva Segovia, también recibieron el 31 de mayo la resolución administrativa, número 02-2019, en la que les imponen una multa de C$3,000 por haber cerrado su local el día del paro nacional e infringir la Ley 292.

Asimismo, los propietarios de la Farmacia Avellán, ubicada en Moyogalpa, Rivas, denunciaron que el 28 de mayo les llegó la resolución administrativa número 003-2019, firmada por Arlen Estrada Castro, directora del Silais del departamento de Rivas, en la que les informaban que se les imponía una multa de C$5,000, tras apoyar la convocatoria del paro.

También se conoció el cierre de los negocios El Patio del Padrino y La Olla Quemada, dos locales que se sumaron al paro nacional en León.