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La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), exigió este martes una vez más al Gobierno de Nicaragua que respete los derechos de los ciudadanos nicaragüenses y mostró su preocupación por las “represalias” tomadas en contra de las personas que mostraron su solidaridad con los manifestantes presos, al sumarse al paro nacional el pasado 23 de mayo.

“Hemos visto con suma preocupación, impotencia e indignación cómo pequeñas, medianas y grandes empresas están siendo víctimas de cierre, amenazas, inspecciones inesperadas y cualquier otro tipo de represalias por manifestar su solidaridad con los presos políticos, exigir el respeto a nuestros derechos constitucionales o protestar por la crisis que atraviesa el país, y por sumarse a iniciativas ciudadanas”, manifestó AmCham a través de un comunicado.

El pronunciamiento añade que desde AmCham estará sometiendo la información de los negocios afectados a los garantes internacionales que participan en la mesa del diálogo entre el Gobierno y la oposición.

AmCham que estará documentando cada caso, también estará brindando asesoría “sobre sus derechos y recursos administrativos y judiciales” a los dueños de los negocios (en su mayoría farmacias) que a partir del 28 de mayo fueron cerrados por orden del Gobierno.

Mala imagen para el país

Por su parte, Mario Amador, miembro directivo de las Cámaras de Industrias de Nicaragua (CADIN) advirtió que el cierre individual de empresas es negativo para el comercio y sobre todo para la imagen del país.

“Tenemos que garantizar que el país tenga imagen positiva para poder atraer inversión extranjera y nacional, Nicaragua no puede vivir sin inversiones nacionales y extranjeras”, afirmó el empresario.

Consideró que indudablemente, los actos del Gobierno contras las empresas, podrían alejar las inversiones tanto nacionales como extranjera.

A su criterio, las empresas necesitan seguridad jurídica para que puedan trabajar en el país.

“Si hay cancelación de empresas por efectos políticos, eso no es bien visto por nadie, nos sumariamos a la posición del Cosep”.

Amador dejó claro que condenan cualquier acto de represión que se pueda dar contra más empresas y que tiene que “garantizarse la libertad de las personas y de los negocios”.

Jose Adán Aguerrí, presidente del Cosep. Archivo/END

Apoyo a negocios afectados

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) asegura que expondrá a los dueños de los negocios afectados, una ruta jurídica para demandar la restitución de sus derechos y posiblemente puedan reabrir sus locales.

Jose Adán Aguerrí, presidente del Cosep, señaló que el Gobierno está actuando en contra del sector farmacéutico, principalmente.

Ante esto les recomienda acudir al Ministerio de Salud para entablar una demanda y si no prospera, recurrir ante la Corte Suprema de Justicia.