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La enfermera Karla Vanessa Aguirre Urbina alega que fue despedida del Hospital Escuela César Amador Molina, solo por ser familiar de personas que participaron en las protestas de Matagalpa, el 21 de mayo.

Aguirre denunció su caso ante el grupo de abogados “Defensores del Pueblo”, alegando que ella nunca participó en las protestas, sin embargo, tiene a cuatro familiares que están huyendo y tuvieron que salir del país por el asedio y acoso policial.

“He sido asediada, amenazada en mi trabajo y hasta en mi barrio. El director del hospital me mandó a llamar diciéndome que falté al trabajo, me tenía una carta de renuncia que ya estaba hecha, pero yo no firmé y le dije que no quería renunciar y necesitaba mi trabajo”, alega Aguirre.

Posteriormente, la llamaron a una comisión, le presentaron varios documentos donde la señalaban de faltas como no marcar las entradas ni salidas y que ninguno de sus compañeros de trabajo quería hacer turno con ella.

“Me dijeron que el Gobierno ahorita estaba muy celoso. Me despidieron diciéndome que no tenía derecho a nada de liquidación. Que si renunciaba, ellos mismos gestionarían mi liquidación, pero de no firmar, no tendría nada. Entonces les dije que no caería en su juego y demandé que dijeran el porqué de mi despido, pero insistieron en que era por las faltas”, dijo Aguirre, quien tenía 4 años laborando en el centro hospitalario.

Aseguró que ella no es la primera afectada, y que al menos a otros tres empleados les hicieron lo mismo, mandándolos a llamar para que renunciaran o serían despedidos. Ellas firmaron sus cartas de renuncia y después se fueron del país.

“Ahora uno no puede manifestarse ni cargar la bandera nicaragüense porque para el Gobierno es un delito”, dijo Aguirre.

El doctor Elmer Flores, miembro del grupo “Defensores del Pueblo”, dijo que están dando acompañamiento a la trabajadora del Ministerio de Salud despedida de forma arbitraria a través de una supuesta comisión tripartita, donde ya le tenían su carta de renuncia y le dijeron que no volviera a poner un pie en la institución.

“Le dijeron que no tenía derecho a liquidación, lo que es violatorio al convenio colectivo y las normas jurídicas laborales. Ella acudió a nosotros para asesoría y le acompañaremos por la vía judicial para que se le entregue lo que tiene derecho conforme a ley”, comentó el doctor Flores.

El doctor Julio Montenegro, asesor legal, destacó que esta es una situación reiterativa y es una violación abierta a los derechos laborales, humanos y a la Constitución Política, dejando en indefensión al trabajador.

“Esto tiene que ver con una suerte de represalias. Hemos visto como ha desfilado una gran cantidad de trabajadores de la salud, de la docencia y de otras instituciones públicas, dejando en indefensión a los trabajadores, así también se afecta a los usuarios y en el caso del Ministerio de Salud, se ha perdido a especialistas, afectando la atención”, indicó Montenegro.