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La Farmacia Morazán era la única distribuidora de medicinas en el municipio de San Ramón, Matagalpa, pero este miércoles se unió a la lista de los negocios clausurados como represalia del Gobierno contra los negocios que participaron en el último paro nacional.

Ada Luz Morazán, propietaria afectada, afirmó que esta era la única farmacia de la localidad de San Ramón y los pobladores ahora tendrán que viajar 12 kilómetros, hasta la ciudad de Matagalpa, para comprar medicinas.

El cierre de estas farmacias, sobre todo las que están ubicadas en zonas alejadas, está afectando el acceso a los medicamentos a muchos pobladores.

Morazán dijo a El Nuevo Diario que le tomó por sorpresa la notificación, aunque considera que una de las causales es que son familia del excarcelado Alfonso Morazán. También son familiares del joven activista Yaser Morazán.

“He hecho sacrificios para mantenerla, aquí perjudican al pueblo de San Ramón”, expresó la propietaria.

En días pasados también fue cerrada la Farmacia Avellán, localizada frente al hospital primario del municipio de Moyogalpa, en la Isla de Ometepe, donde no hay muchos negocios de este tipo.

Salua Avellán, la dueña, afirmó que “la decisión es totalmente arbitraria y pone en riesgo la salud de los habitantes y un inventario de US$5,000 que tiene el establecimiento.

Darling Verónica Esquivel, habitante de Ometepe, aseguró que el cierre de la Farmacia Avellán es un completo error que afectará a todos los habitantes del lugar.

Este tipo de establecimientos comerciales son escasos en el municipio de Moyogalpa, reiteró.

Otra farmacia clausurada en una zona rural fue la San Martín, ubicada en Jalapa, Nueva Segovia.

Apelarán

Dueños de las farmacias cerradas, por haberse sumado al paro del 23 de mayo, reiteraron que interpondrán un recurso de apelación ante el Ministerio de Salud (Minsa) para tratar de recuperar “el derecho al trabajo”.

“Recibí una resolución que manifiesta el cierre definitivo, pero hay una línea al final que dice que puedo apelar, entonces vamos a hacer todos los trámites que la ley nos permite para ver si recuperamos nuestro negocio, que es nuestro medio de vida. No tengo otra actividad de trabajo”, indicó Marcos Herrera Beltrán, propietario de la Farmacia La Inmaculada, ubicada en el municipio de Somoto y que fue cerrada por las autoridades.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) les dio este miércoles apoyo legal para gestionar su apelación. Herrera tendrá que ir primero al Sistema Local de Atención Integral en Salud (Silais), de Ocotal, donde inicia la vía administrativa para su caso.

El Cosep está brindando la oportunidad de que a través de sus asesores legales, se les faciliten todos los procesos necesarios para la “recuperación de nuestro derecho a trabajar de manera privada”, señaló Herrera, que el año pasado dijo haber sido despedido de su trabajo como docente en el colegio Inmaculada, de Ocotal.

Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) y miembro del consejo directivo del Cosep, dijo que desde el año pasado se trabaja en la asistencia legal para los propietarios de negocios que sufren represalias del Gobierno.

El documento legal es un recurso de apelación, que debe primero presentarse al Silais y seguir un curso hasta agotar “la vía administrativa” y de ser necesario, los afectados pueden recurrir con documentos de amparos a la Corte Suprema de Justicia.

“Haremos los procedimientos legales necesarios para que se nos permita abrir nuestra farmacia, tenemos obligaciones y es nuestro medio de vida”, dijo por su parte Ninoska Zamora Zeledón, propietaria de la Farmacia San Martín, que fue cerrada en el municipio de Jalapa.

MTI multa y amenaza a transportistas

Dos transportistas de Rivas que por falta de pasajeros no laboraron durante el paro nacional convocado por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el pasado 23 de mayo, fueron multados este miércoles por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) y amenazados con cancelarles su concesión.

La amonestación fue emitida el 29 de mayo en contra de los transportistas René Villarreal y Tito Zamora, a quienes además de aplicarles una multa de 300 córdobas, les advirtieron que les cancelarán sus concesiones en caso de una “reincidencia”.

Ambos transportistas confirmaron a El Nuevo Diario que la amonestación la recibieron el martes 4 de junio y que este miércoles procedieron a introducir un recurso de apelación ante el MTI, debido a que ellos sacaron sus unidades que cubren la ruta expresa entre San Jorge, Rivas y Managua, pero debido a la falta de pasajeros desistieron viajar hasta la capital.

Tito Zamora explicó que su bus salió del puerto de San Jorge a las 7:15 a.m. del jueves 23 de mayo, pero como solo llevaba tres pasajeros, los pasó a un bus ruteado.

El transportista René Villarreal dice que ese día llegó a cumplir con su horario de trabajo, pero no había demanda de pasajeros.

“Apenas salí con 4 pasajeros y con eso no cubría ni el 75% del gasto de combustible, ya que para ir a Managua se requiere de C$2,650 y por eso al pasar por Rivas, acordé cruzar a los usuarios al bus ordinario, como se acostumbra hacer en estos casos”, explicó el transportista.