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La Ley de Amnistía que decreta la liberación definitiva e inmediata de los manifestantes presos fue pública este lunes en La Gaceta, diario oficial, por lo que ha entrado en vigencia y tanto el Poder Judicial como el Ministerio de Gobernación deben curso a sacar de las cárceles a los considerados “presos políticos” y anular los juicios en su contra.

Tanto los privados de libertad en las cárceles como quienes están en sus hogares con régimen carcelario de convivencia familiar o casa por cárcel, son ahora personas libres de acusaciones y “perdonadas” de los supuestos delitos que cometieron en el marco de las manifestaciones antigubernamentales iniciadas en abril del 2018, según lo establecido en esta Ley de Amnistía.

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La ley fue aprobada el sábado pasado con los votos de la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional. No obstante, partidos opositores en Nicaragua y organizaciones internacionales de derechos humanos, como la propia oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, han criticado esta ley porque a su juicio, dejaría en la impunidad los crímenes en contra de los manifestantes por el uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones.

Publicación de la Ley de Amnistía en La Gaceta. Foto: Cortesía/END

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte del gobierno en una mesa de negociación que busca solucionar la crisis socio política, expresó que dicha amnistía es violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que el Estado de Nicaragua es parte.

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La Alianza recordó que los “crímenes de lesa humanidad” no pueden ser objetos de amnistía.

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La Alianza consensuó con el gobierno una lista original de 232 manifestantes presos hasta el 29 de marzo pasado, que deben desde hoy quedar plenamente libres, pero también expresó su preocupación por una lista de al menos 85 personas que el gobierno no reconoce como “presos políticos”.