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El Ministerio de Gobernación (Migob) informó que liberaron a los 50 presos “en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Amnistía No 996, aprobada por la Asamblea Nacional el 8 de junio del 2019”, y que la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional continúa preparando la liberación del resto de manifestantes detenidos.

Entre los excarcelados están los periodistas Hansell Vásquez y Marlon Powell Sánchez, quienes fueron liberados horas antes de que llegara a Nicaragua una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que exige la libertad de prensa en el país.

El abogado de Masaya, Chéster Membreño; el profesor del barrio Monimbó Gabriel Putoy y la mujer trans Victoria Obando, se encuentran entre los manifestantes presos más conocidos que salieron este lunes.

Gobernación explicó que miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) participaron como observadores de este proceso.

La liberación de los manifestantes opositores coincidió con la publicación de la Ley de Amnistía en La Gaceta, Diario Oficial.

Al entrar en vigencia esta norma, los manifestantes que aún están recluidos en los sistemas penitenciarios, así como los que están en sus hogares bajo el régimen de casa por cárcel y convivencia familiar, según la normativa, son ahora libres y “perdonados” de los supuestos delitos que cometieron en el marco de las manifestaciones de abril de 2018.

De madrugada

Sin embargo, algunos de los excarcelados desconocían la publicación de la ley, tampoco tenían claro cuál era su estatus jurídico.

A su confusión contribuyó el hecho de que los custodios que los llevaron hasta sus hogares, en distintos departamentos del país, no les proporcionaron ningún tipo de información, dijeron a El Nuevo Diario.

En excarcelaciones anteriores, las autoridades penitenciarias se limitaban a llevarlos hasta sus hogares donde los entregan a un familiar que firma un documento de recibido, tomaban fotografía de la entrega y se retiraban.

Un menor de edad fue liberado este lunes con la Ley de Amnistía. Orlando Valenzuela/END

Este lunes, el periodista Hansell Vásquez ya estaba con sus familiares antes de las 6:30 a.m.

El comunicador explicó que los custodios llegaron al galerón donde permanecía y en voz alta nombraron a las personas que saldrían. En su caso, al escuchar su nombre, le pareció que se trataba de una mentira.

Estando ya en su casa, Vásquez no tenía claro cuál es su situación jurídica, debido a que los funcionarios del penitenciario no se lo explicaron, pero alcanzó a leer un documento que firmó su mamá, Lilian Ruiz, que decía que estaba en libertad por la Ley de Amnistía 996.

“No está claro cómo estamos. No sé si salí bajo el régimen de convivencia familiar o por un indulto. Nos trasladaron en una buseta con custodios y gente de civil, pero no dejaron claro si tenemos que ir a firmar o estamos libres”, indicó Vásquez.

Dijo que entre el grupo de manifestantes liberados este lunes, hay varios que están enfermos producto de una “peste” de moscas y zancudos que se desató en el penal.

Vásquez se mostró preocupado por el resto de manifestantes opositores que aún permanecen en las cárceles.

“Cada vez quedan menos en las galerías y hay zozobra por el temor a que los golpeen. Antes habíamos más y sabíamos que entre todos nos podíamos defender, pero ahora hay pocos y tememos que en cualquier momento entren a la galería y los golpeen”, expresó Vásquez.

Un menor

También fue liberado el menor de iniciales J.P.S.M, de 17 años, condenado a 48 años de cárcel por la muerte de la oficial Juana Francisca Aguilar Cano y el asesinato frustrado del comisionado mayor Vladimir Cerda Moraga.

Al adolescente lo recibieron sus familiares a primera hora del día, y al igual que Vásquez, el jovencito, con autorización de sus padres, dijo al Nuevo Diario que no sabía si podía salir libremente o debía ir a firmar al juzgado.

Manifestó que una de sus preocupaciones es que sus vecinos, a quien señala como partidarios del Gobierno, lo acusen ante las autoridades de participar en hechos en los que no tenga responsabilidad.

“Me juzgaron como menor, inclusive, hasta me dijeron que si cambiaba de abogado en el juicio me dejarían libre. Como no acepté, me maltrataron. En La Modelo uno sufre, de noche llegaban y te sacaban para torturarte, uno no olvida eso. Aquí estoy vigilado, antes de caer preso, un vecino me acusó y me tendieron una trampa, así fue como me llevaron preso. Ahora que estoy en la casa no sé si puedo salir o no, no me explicaron, dicen que es por amnistía”, comentó.

El menor relató que no olvidará el maltrato sicológico, sobre todo de especialistas que debían tratarlo para ayudarle a saber cómo sobrellevar su encarcelamiento.

“Había una sicóloga que me preguntaba por qué estaba ahí, le respondí que me acusaban por un crimen que no cometí. Me preguntaba si me sentía bien por lo que había hecho, ellos querían que dijera: ‘sí, cometí un crimen’”.

Las autoridades también liberaron a los cuatro jóvenes condenados a 25 años de prisión por la muerte de Roberto Carlos García Paladino, señalado en su momento como hijo adoptivo de Francisco López, quien fungió como vicepresidente de Albanisa y tesorero del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Los manifestantes Juan José López Oporta, de 22 años; Michael Enrique González Peña, de 24 años; Fernando José Ortega Alonso, de 20 años y Rommel Fabián Guillén, de 21 años, estuvieron 13 meses en prisión.

Los familiares de estos jóvenes denunciaron que las autoridades los procesaron como reos comunes, pero ellos se consideran presos políticos. En el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se detalla en las páginas 254 y 255 las inconsistencias legales de este caso.

Presos por delitos comunes

En la lista de manifestantes liberados publicada por el Migob, aparecen tres hombres acusados por los delitos de narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero.

El Nuevo Diario confirmó que Santos Julián Morales Calero, Helder Rafael Calero Palma y Álvaro Ernesto Hernández son tres reos que cometieron este tipo de delitos comunes, pero fueron liberados por el Gobierno este lunes junto a 47 manifestantes que habían sido encarcelados en el contexto de las protestas.

Santos Julián Morales Calero fue detenido el viernes 5 de octubre de 2018, en el municipio de Yalagüina, cerca de la frontera con Honduras, cuando transportaba junto a otro hombre US$378,040 en compartimentos ocultos dentro de una camioneta. Fue acusado por los delitos de crimen organizado y lavado de dinero.

Helder Rafael Calero Palma se encontraba detenido desde hace 3 meses (el 18 de marzo), cuando se le decomisó junto a otros tres sospechosos US$57,600 que contenían residuos de cocaína. A Helder Calero se le acusó por los delitos de crimen organizado, lavado de dinero y bienes o activos.

En el caso de Álvaro Ernesto Hernández, en el 2017, fue acusado por narcotráfico luego que la Policía Nacional allanara su vivienda ubicada en el barrio Bello Aurora del Distrito VII de Managua, donde incautaron 38 tacos compactados de marihuana, que al realizar la prueba de campo dio un peso aproximado a los 45,000 gramos.

Estos tres reos han quedado en libertad tras haber sido incluidos en lista de liberados bajo la Ley de Amnistía, y hasta el momento no han sido vinculados a ningún movimiento de las personas que participaron en las protestas.

Los que se quedaron

Según los registros de la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia faltarían por salir libres 139 manifestantes. De esos, 110 están en la lista consensuada y a los 29 restantes, el Gobierno se rehúsa a reconocerlos como opositores.

Entre las 139 presos que faltarían por salir se encuentran los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, la comerciante Irlanda Jerez, el líder estudiantil Edwin Carcache, Amaya Coopens, Cristhian Fajardo, Nairobi Olivas, Harvin Lesage, Olesia Muñoz, Thomas Maldonado, Carlos Brenes, Rodrigo Espinoza, Ricardo Baltodano, Apolonio Fargas, Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas, entre otros.