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La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) mediante un comunicado leído en conferencia de prensa, afirmó que el Gobierno aún debe liberar a 89 manifestantes antes del 18 de junio, fecha en que vence el plazo para excarcelar a todas las personas apresadas en el marco de las protestas antigubernamentales desde abril del año pasado.

En la comparecencia, Carlos Tünnermann, del equipo negociador de la Alianza, indicó que de la lista conciliada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) hay todavía tres personas encarceladas y el resto son personas que la Alianza considera “presos políticos”, pero que no son reconocidos por el Gobierno.

El grupo opositor reiteró que mientras el Gobierno no cumpla con la excarcelación total de los manifestantes continuará ausente de la mesa de negociaciones con la delegación gubernamental, que tiene hasta el 18 de junio para dejar en libertad plena a todas las personas apresas durante las protestas.

La Alianza también demandó el cumplimiento del acuerdo de fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas firmado el 29 de marzo, que incluye la plena libertad de expresión, la devolución de los bienes a los periodistas, a quienes se les confiscaron las herramientas de trabajo, así como el de los insumos para medios de comunicación escritos que son retenidos por la Dirección General de Aduanas (DGA).

Carlos Tünnermann Y Azahalea Solís, miembros de la Alianza Cívica. Orlando Valenzuela/END.

El acuerdo de derechos y garantías, recalcó Azahálea Solís, miembro de la Alianza Cívica, abarca la libertad de expresión, de reunión, de manifestación y movilización.

“Hasta el momento”, afirmó Solis, “tenemos a Nicaragua por cárcel”.

La ACJD demandó al Gobierno que firme un protocolo de seguridad de los “presos políticos y exiliados”.

Este protocolo, explicó Solís, incluye la devolución de los bienes confiscados o dañados a las personas, atención integral física y sicológica, resarcir los daños económicos y terminar con la campaña de odio desatada en contra de los manifestantes liberados.

Según la Alianza Cívica, todos los procesos administrativos y judiciales en contra de los manifestantes opositores deben cerrarse, incluso el de las personas que se encuentra en el exilio.