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Defensores de derechos humanos pidieron al Congreso estadounidense que presione para aplicar más sanciones a funcionarios del Gobierno de Nicaragua involucrados en actos de represión a la población que participó en las manifestaciones antigubernamentales del 2018.

Este martes, el subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes escuchó a tres testigos en una audiencia especial sobre la situación de Nicaragua y las posibles opciones de política exterior que el legislativo puede recomendar al gobierno de Donald Trump y a la comunidad internacional.

Es un resumen de la audiencia con los puntos centrales, el subcomité indicó que hay consenso sobre la necesidad de que el gobierno de Daniel Ortega “debe dejar el poder lo más pronto posible y permitir al pueblo nicaragüense votar por un nuevo presidente de manera libre y transparentes”.

Los expositores manifestaron que para realizar cambios en Nicaragua se debe aumentar las sanciones “a jefes de Policía y Ejército, así como a líderes del sector privado”, vistos como soportes del Gobierno, además de implementar la Nica Act, expulsar del DR-CAFTA a Nicaragua e incluir alianzas con países europeos, latinoamericanos y Taiwán para presionar al gobierno de Ortega.

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch. Archivo/END

El Congreso estadounidense tendrá una nueva audiencia para tratar la crisis nicaragüense, el próximo 21 de junio, en la cual participará el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien brindará un informe detallado sobre la participación de los principales funcionarios nicaragüenses en violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción o lavado de dinero.

Desde que inició la crisis nicaragüense, EE. UU. ha sancionado a seis funcionarios y dos instituciones por actos represivos contra la población y corrupción.

Uno de los especialistas invitados fue José Miguel Vivanco, director para América de la organización Human Rights Watch, quien manifestó su preocupación debido a los actos de represión cometidos por el Gobierno de Nicaragua, afirmando que hubo uso de armas de guerra y torturas.

“Pese a ello, el presidente Ortega ascendió a oficiales de la Policía que habían sido señalados de participar en esos abusos”, dijo Vivanco.

Agregó que el Gobierno estadounidense debería de asumir una postura contundente mediante la imposición de sanciones contra los responsables por estas violaciones.

Nica Act

Otros de los especialistas que participaron en la audiencia fueron Carlos Ponce, director para América Latina de la Fundación Victims of Communism Memorial, y Félix Maradiaga, director del clausurado Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp).

Ambos coincidieron con Vivanco en la petición de sanciones contra los funcionarios del Gobierno de Nicaragua involucrados en la represión, pero además, recomendaron la aplicación de la ley Nica Act que fue aprobada en diciembre del año pasado.

“Se debe incluir en las sanciones a jefes policiales, miembros del Ejército y otros funcionarios responsables por estas violaciones”, manifestó Ponce.

La Nica Act impone una serie de restricciones económicas que impiden que el Gobierno de Nicaragua pueda recibir financiamiento proveniente de organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Además, contiene un apartado que castiga con sanciones a funcionarios involucrados en las violaciones de derechos humanos o actos de corrupción.

Vivanco expuso que Estados Unidos debe mantener la presión sobre el Gobierno de Nicaragua. “Creemos que la única manera de avanzar en la implementación de una transición es la presión internacional y también aplicando la Nica Act”, afirmó.

La crisis política en Nicaragua, que inició en abril del año 2018, ha causado la muerte de al menos 325 personas y miles más han tenido que exiliarse para salvaguardar su vida.