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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le recordó al Gobierno de Nicaragua, este miércoles, que hay más de 80 personas encarcelas y con procesos o condenas abiertas, y que sigue sin cumplirse el acuerdo de derechos y garantías firmado con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

Entre tanto, la Alianza Cívica anunció que mantendrá la demanda a nivel nacional e internacional para que se libere a 89 hombres, la mayoría de Managua (44) que aún continúan encarcelados. El grupo opositor validó la lista que contiene los nombres de los manifestantes prisioneros, divulgada por el Comité Pro Liberación de Presos Políticos.

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En sus redes sociales, la CIDH recalcó que “en Nicaragua, la libertad de expresión, la protesta social y los espacios cívicos propios de una sociedad democrática siguen seriamente restringidos” y considera que “la impunidad persiste en casos donde se registraron graves violaciones a los derechos humanos”.

El organismo interamericano reiteró que “el Estado de Nicaragua debe restituir personerías canceladas; respetar libertad de prensa devolviendo instalaciones y bienes ocupados; permitir retorno seguro de la diáspora; desmantelar grupos parapoliciales y garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición”.

Capturados por delitos comunes

Entre los presos hay ciudadanos acusados de delitos, como robo agravado y asesinato, tal es el caso de Francisco José Quintero Armas y Víctor Manuel Díaz Pérez, quienes ya fueron condenados a cumplir una pena de 22 años de cárcel por la muerte del autoconvocado Denis José Madriz Obando el pasado 30 de septiembre, pero, según la Alianza, existe la debida información para comprobar que son “presos políticos” y que fueron inculpados en un proceso cuestionable.

José Pallais, jurista y miembro del equipo negociador de la Alianza, dijo que en determinado momento “el Gobierno cambió de estrategia y trató de imputar delitos, se trató de una conducta de persecución diferenciada para desvincularlos de las actividades políticas e inculparlos de otros delitos, aunque todas las características, las actuaciones, la participación de quienes están en esa lista, permiten calificarlos plenamente como prisioneros políticos”.

Agregó que de esos 89 nombres “15 se encuentran en la lista de la CIDH, pero el compromiso de la Alianza es por los 89, no vamos a descansar hasta que todos estén libres, el compromiso es con todos los presos políticos”.

“El canciller Denis Moncada Colindres ya se había comprometido a liberarlos totalmente, en una comunicación dirigida al secretario general (de la OEA), Luis Almagro, así que están comprometidos a cumplir”, afirmó Pallais.

La Alianza Cívica anunció la presentación de un estudio denominado “Nicaragua: secuestro y criminalización de manifestantes”, en el que en base a 15 casos de enjuiciamiento contra manifestantes, se demuestran todas las violaciones a los procesos legales establecidos por la ley, explicó Pallais.

“Se presentará una autopsia de los procedimientos penales que se hicieron para criminalizar las protestas y perseguir a los presos políticos, analizando cómo se violentaron las normas del debido proceso, las garantías constitucionales y como se instrumentalizó el Poder Judicial para, conforme lo ha dicho el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales), utilizar la justicia para violar los derechos humanos”, declaró Pallais.

Presión internacional

La misión de eurodiputados que vistió Nicaragua en enero pasado emitió un comunicado este miércoles, en el que “exigen” al Gobierno liberar a los 89 manifestantes en la lista de la Alianza Cívica y del Comité Pro Liberación.

“Exigimos al Gobierno nicaragüense que, en virtud del acuerdo del 27 de marzo, libere a la totalidad de los 89 presos y presas”, sostiene la nota de prensa de los eurodiputados divulgada por el Parlamento Europeo.

“Pedimos también al Gobierno que permita la vuelta al país de las organizaciones de derechos humanos: Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el GIEI, el Meseni y las ONG excluidas o privadas de personalidad jurídica”, destaca la comunicación.

La misión, que estuvo encabezada por el español Ramón Jáuregui, expresó este miércoles que “deseamos que el diálogo entre oposición y Gobierno continúe para avanzar en las condiciones de recuperación democrática del país y condiciones de transparencia e igualdad de oportunidades para las próximas elecciones”.