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Kevin Sullivan, embajador de Estados Unidos en Nicaragua, sostuvo este jueves una reunión con los líderes del Movimiento Campesino, quienes fueron liberados el pasado martes bajo una Ley de Amnistía, aprobada por la Asamblea Nacional. 

El embajador estadounidense compartió a través de su cuenta de Twitter una fotografía junto a los líderes Medardo Mairena, Pedro Mena, Lesner Fonseca y Orlando Icabalzeta, quienes estuvieron varios meses en prisión tras ser detenidos por haber participado en las protestas antigubernamentales que estallaron en abril de 2018. 

Kevin Sullivan, embajador de Estados Unidos en Nicaragua. EFE/END.

“Fue un gusto conocer a estos líderes después de sus liberaciones y conversar sobre sus aspiraciones para una Nicaragua democrática”, señala Sullivan a través de su publicación.

El pasado 11 de junio los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena fueron excarcelados bajo la llamada Ley de Amnistía, tras haber pasado 11 meses en prisión.

Medardo Mairena y Pedro Mena, líderes campesinos. Isidro Hernández/END.

“Me uno al júbilo de los nicaragüenses hoy ante la liberación de un grupo de prisioneros políticos quienes han sacrificado tanto en la lucha por una democracia genuina. Aún queda mucho por hacer para lograr ese objetivo”, compartió ese mismo día el embajador Kevin Sullivan.

Medardo Mairena, quien representaba al sector campesino en la mesa del fallido diálogo entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Gobierno de Nicaragua, era acusado por el Ministerio Público por terrorismo, crimen organizado y el asesinato de cuatro policías y un civil en Morrito Rio San Juan y había sido condenado a 216 años de prisión.

A Medardo Mairena lo detuvieron el 13 de julio del año pasado en el aeropuerto de Managua junto a Pedro Mena.

Entre el lunes y martes fueron liberados 106 manifestantes que se encontraban detenidos, bajo la Ley de Amnistía. Dicha ley establece "amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acontecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha".

La oposición nicaragüense rechaza la iniciativa ya que considera que no ofrece justicia a sus víctimas y que buscaría exculpar a las fuerzas del orden y a grupos de civiles armados progubernamentales, quienes son señalados por organismos de derechos humanos como los principales responsables de las muertes ocurridas durante las protestas.