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 Este viernes 14 de junio se cumplen seis años de vigencia de la Ley 840 o Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a el Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas.

El acuerdo marco que firmó el Ejecutivo con la empresa concesionaria del canal interoceánico establece en su cláusula 15.2 que, ante la imposibilidad de lograr el cierre financiero de un subproyecto dentro de setenta y dos (72) meses, el Gobierno o el patrocinador correspondiente tendrán el derecho de terminar la concesión para tal subproyecto, según lo establecido. 

Por eso, diferentes sectores sociales del país están demandando la derogación de la ley partiendo de lo que establece el acuerdo marco y cancelar la concesión del proyecto a la firma Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND Group) que se oficializó en el año 2013.

La cláusula 15.8 indica que “los eventos especificados en la cláusula 15 (que enmarca el punto 15.2) serán los únicos motivos por los que el presente acuerdo puede ser terminado”.

La legisladora Azucena Castillo, diputada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), afirma que como no hubo cancelación financiera de ningún subproyecto, “los términos pautados no se cumplieron”.

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“Cuando hay incumplimientos, está en manos de la voluntad política del Gobierno querer aplicar ese acuerdo marco y que la Asamblea Nacional tenga la calidad de expresar ese incumplimiento”, explicó.

Para Castillo, “tiene que intervenir el Gobierno, porque es el responsable y ese es un acuerdo, no es entre particulares; en los términos del acuerdo se dice que en tal fecha se debe haber cumplido y ni siquiera empezó a invertirse”.

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La diputada, integrante de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea, insistió en que de parte del Gobierno “hubo solo un desembolso para pagar funcionarios encargados del canal (interoceánico), asesores para la Presidencia, muchas cosas, pero el proyecto no funcionó”.

En manos de diputados

Al respecto, el líder campesino Medardo Mairena, quien salió de la cárcel el martes pasado, dijo que esta fecha es muy significativa.

“Para nosotros, es una victoria poder celebrar 6 años de lucha en la que Dios nos ha protegido y dado la fuerza para luchar ante un monstruo que pretendió robarnos las tierras”, comentó.

Según el acuerdo marco, la falta de cierre financiero de cada uno de los subproyectos del canal es considerado un “evento mayor desestabilizante”, con lo cual el Gobierno puede cancelar la concesión sin asumir consecuencias.

“Lo preocupante es que todavía la ley existe, la misma dice que si pasados 6 años no pasaba nada, debería de estar anulada”, agregó Mairena.

Anunció que el Movimiento Campesino Anticanal continuará demandando la derogación de esa ley, a la cual se han opuesto desde el mismo año de su promulgación debido a que “ordena la expropiación de las tierras”.

La Ley 840 establece en su artículo 23 que para poder ser modificada o derogada se “requerirá de mayoría calificada del sesenta por ciento del total de los diputados de la Asamblea Nacional”, condición que actualmente cumple la bancada del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Azucena Castillo dijo que el PLC va a introducir una iniciativa para la derogación de esa ley.

El empresario chino Wang Jing y el presidente Daniel Ortega habían acordado que la construcción del canal interoceánico, valorada en US$50,000 millones, se realizaría en un período de 5 años.

Una investigación que realizó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) entre febrero y octubre del año 2016, junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), documentó “gravísimas violaciones a los derechos humanos” en 58 comunidades de Nueva Guinea, Río San Juan y Rivas.

En un período de 8 meses, se recogieron 131 testimonios de propietarios que habían sido víctima de “hostigamiento policial y militar”, destaca el informe presentado el 14 de octubre de 2016.

Los campesinos, según la documentación del Cenidh, fueron víctimas de “allanamientos ilegales, sabotajes a las caravanas de manifestantes, masivas detenciones ilegales”.