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Desde que salió de la cárcel, el martes pasado, la comerciante Irlanda Jerez no ha podido permanecer en una misma casa por más de 24 horas, porque las fuerzas parapoliciales y policiales han desatado un fuerte acoso contra ella.

El mismo día que fue liberada, el 11 de junio de 2019, no pudo ingresar a la casa que había habitado durante los últimos doce años, porque horas antes un grupo de hombres armados llegaron a la vivienda y golpearon y desalojaron a Daniel Esquivel, esposo de Irlanda, y se tomaron la propiedad.

“Nos robaron los vehículos, los celulares de quienes estaban grabando al momento de la invasión y todo lo que había dentro de la casa”, denunció Irlanda Jerez.

La más reciente acción contra la comerciante ocurrió este viernes cuando un grupo de agentes de la Policía Nacional, acompañados de bomberos, irrumpió en una bodega de su propiedad con la justificación de que habían recibido una llamada sobre un supuesto incendio en el lugar. Horas después la policía se retiró del lugar.

Jerez considera esta acción muy sospechosa, debido a que en la propiedad sólo se almacena mercadería que comercializan, y el ingreso de las autoridades policiales despierta suspicacia ya que en menos de 72 horas esta sería la segunda propiedad que le allanan.

“¿Qué hace la policía con los bomberos? Ingresan, rompen donde no hay nada. El temor de nosotros es que pongan armas, que pongan drogas”, declaró Jerez.

Agregó que estas acciones policiales le indican que “esto es una persecución, hay una saña total contra mi persona”.

Agentes policiales permanecen en las afueras de una de las bodegas de la comerciante Irlanda Jerez. Ana Cruz/ENDConsidera que existe una notoria diferencia entre su caso y el de otros manifestantes que también han sido liberados en días recientes, porque, aunque todos han experimentado asedio en sus respectivos barrios, ella es la única a quien no le han permitido siquiera llegar a su casa.

“He dormido todos estos días en lugares diferentes”, confesó Jerez.

Mantendrá su postura

La comerciante ha externado que se mantendrá firme en su reclamo de justicia para las víctimas de la violencia atizada por el Gobierno, y por la democratización del país.

El gobierno de Daniel Ortega “está haciendo actos intimidatorios, pero totalmente estériles porque a mí no me va a callar; yo soy una voz más del clamor del pueblo de Nicaragua que exigimos libertad para nuestra patria y voy a continuar en mi país exigiendo la libertad”, advirtió Jerez.

Ella alcanzó notoriedad durante las manifestaciones antigubernamentales del 2018, cuando encabezó a un grupo de comerciantes del mercado Oriental que proponían una desobediencia civil contra el Gobierno.

Su detención ocurrió el 18 de julio de 2018, cuando fue interceptada por encapuchados de la Policía Nacional en las inmediaciones de la rotonda Cristo Rey, cuando regresaba de una reunión.

A Jerez la trasladaron a las antiguas instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como El Chipote, donde, según sus denuncias, fue víctima de interrogatorios y agresiones antes de ser enviada a la cárcel de mujeres La Esperanza.

En su momento, las autoridades explicaron que la detención de Jerez estaba relacionada al cumplimiento de una sentencia judicial del año 2016, en la que se le declaró culpable y fue condenada a cinco años de cárcel por los delitos de falsedad ideológica, uso de falso documento y estelionato en perjuicio de Zoraida López Salmerón. Sin embargo, el caso estuvo cerrado y la detuvieron hasta que tomó notoriedad en las protestas antigubernamentales.

Contra sus negocios

Otra medida que tomaron las autoridades en contra de la comerciante Irlanda Jerez ocurrió en octubre pasado, cuando Óscar Danilo Manzanares, juez cuarto de ejecución de embargo de Managua, ordenó el desalojo de un inmueble donde funcionaban dos tiendas, una de ellas propiedad de Jerez y la otra de su ex esposo Richard Talavera.

Irlanda Jerez asegura que la podrán dejar en la calle, en alusión al cierre de sus negocios, pero que no la callarán jamás. Ana Cruz/END

La orden de desalojo establecía que la propiedad donde operaban las tiendas, debía ser entregada a Zoraida Lorena López Salmerón, quien en 2015 mantuvo una litis judicial con Richard Talavera.

Roberto José Cruz, representante legal de López Salmerón, explicó en su momento a EL NUEVO DIARIO que “el desalojo afecta a Richard Talavera y a cualquier persona que se haya encontrado dentro del lugar, es una sola propiedad, es un solo registro el que hay en el Registro de la Propiedad. Hay una sentencia firme (sobre el caso)”.

“La cuantificación de mis pérdidas es millonaria y en dólares, pero, me pueden dejar en la calle, pero no me van a callar jamás”, afirma Jerez, quien salió de la cárcel esta semana junto a más de cien manifestantes bajo la Ley de Amnistía 996, aprobada el pasado 8 de junio por la Asamblea Nacional.