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La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia no pedirá levantar las sanciones contra funcionarios nicaragüenses, ya que consideran que el Gobierno debe mostrar interés por cumplir los acuerdos, afirmó este sábado Michael Healy, miembro de la organización opositora.

Agregó que para volver a sentarse en la mesa de diálogo con el Gobierno, éste debe liberar a las más de 80 personas que siguen detenidas en la cárcel por protestar.

Señaló además, que el Gobierno aún sigue sin contestar la petición que hizo la Unión Europa de retomar el diálogo, sugerencia que ellos apoyan, pero que debe ir acompañada de la liberación de los manifestantes.

Healy aseguró que el diálogo está estancado por la falta de cumplimiento de los primeros acuerdos.

"No se ha discutido temas como las reformas electorales y el segundo acuerdo que es el de las libertades ciudadanas", afirmó Healy, al participar este sábado como invitado en una convención del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).

Precisó que de volver a sentarse con el Gobierno, discutirían los temas de protocolo de seguridad de los excarcelados, la devolución de medios de comunicación y un verdadero programa de retorno seguro para los exiliados a raíz de la crisis.

ELECCIONES ADELANTADAS

"Para sanar los problemas que tenemos debe haber elecciones adelantas", indicó.

Miembros de la Alianza Cívica / Archivo Por su parte, Chéster Membreño, uno de los manifestantes liberados bajo la Ley de Amnistía, afirmó que las sanciones representan una presión contra el Gobierno para que libere al resto de personas que permanecen detenidas.

"No se debe pedir que se levanten las sanciones, ya que aún falta que se liberen a más personas, que se nos permita hacer marchas, que se devuelvan los medios de comunicación, las propiedades confiscadas, y todas las libertades democráticas", afirmó el excarcelado de Masaya.

La Ley de Amnistía es rechazada por partidos opositores en Nicaragua y organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Oacnudh), porque consideran que dejaría en la impunidad los crímenes en contra de los manifestantes por el uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones.

El Gobierno de Estados Unidos también mostró su "rechazo categórico" a la Ley de Amnistía, según un comunicado del Departamento de Estado, que señala que "en lugar de una amnistía para violadores de derechos humanos, pedimos que se responsabilice por sus crímenes a las fuerzas (del orden) nicaragüenses".