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La secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Latinoamérica, Kimberly Breier informó este miércoles que su país seguirá presionando, para que los responsables de violaciones a derechos humanos en Nicaragua, “rindan cuentas”.

Kimberly Breier además resaltó el incumplimiento por parte del Gobierno de Nicaragua a los acuerdos firmados el pasado 29 de marzo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, durante las negociaciones del diálogo.

“El Presidente (Daniel) Ortega aún tiene pendiente la restitución de las libertades fundamentales, según lo acordado en marzo con la Alianza Cívica de Nicaragua. El mundo sigue esperando el cumplimiento de estos compromisos”, escribió Breier en un primer mensaje en su cuenta de Twitter.

El Gobierno de Nicaragua se comprometió a liberar de forma definitiva en un lapso de 90 días tras la firma del acuerdo, a todas las personas detenidas en el contexto de las protestas, sin embargo este martes se cumplió el plazo estipulado para la liberación y según la Alianza aún quedan más de 80 “presos políticos” encarcelados.

Además de la liberación de los presos, el Gobierno también se comprometió a respetar las garantías constitucionales, los derechos humanos, la libertad de expresión y la manifestación pacífica, pero hasta el momento no se ha cumplido.

 Kimberly Breier habla de crisis en Nicaragua / EFEBreier también hizo referencia a la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018, conocida como Nica Act, la cual establece sanciones financieras y migratorias al Gobierno de Nicaragua y sus funcionarios.

“Continuaremos presionando al régimen de Ortega bajo nuestras autoridades legales existentes, incluyendo la “Nica Act” de 2018, y trabajaremos con socios internacionales para promover la rendición de cuentas por violaciones y abusos de los derechos humanos por el régimen”, refirió Breier.

La Nica Act se aprobó en el Senado el 27 de noviembre y en la Cámara Baja el 11 de diciembre. Esta ley condiciona la aprobación de préstamos para el Gobierno de Nicaragua, dentro de las instituciones financieras internacionales en las que participan los Estados Unidos y también incluye una serie de sanciones contra funcionarios de Nicaragua implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.

En mayo de este año, durante una visita a Bogotá, Colombia, la secretaria de Estado adjunta de EE. UU. para Latinoamérica manifestó que en Nicaragua se habían quebrado los derechos humanos.