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Marbely Leal es la esposa de Gustavo Adolfo Mendoza Beteta, un obrero de la construcción de 35 años que fue apresado el año pasado y recientemente condenado.

El día comenzó más temprano que de costumbre para Leal. Salió a las 5:30 a.m. de este miércoles del barrio Monseñor Lezcano de Managua, para estar antes de las 7:00 a.m. en la entrada principal de la cárcel La Modelo, y participar en un plantón exigiendo la liberación de su cónyuge.

“El 11 de mayo del 2018 fue capturado y condenado el 7 de junio de este mes a 4 años por robo agravado”, señaló Leal.

El penal, ubicado a 17 kilómetros de distancia de la capital, fue escenario este miércoles de una protesta realizada por familiares de los más de 80 manifestantes antigubernamentales que no son reconocidos por el Gobierno como personas que participaron en manifestaciones y son acusados por el Ministerio Público por delitos comunes.

“Exijo su libertad porque la verdad él no ha cometido el delito que le están imponiendo”, añadió Leal.

Otra de las personas que participó en la protesta, fue Lizbeth Cornejo Rivas, hermana de Bryan Cornejo Rivas, de 21 años, quien fue detenido el 3 de julio del año pasado en las inmediaciones del mercado Roberto Huembes.

“Tiene 11 meses de estar capturado. A él le están acusando de robo agravado, portación ilegal de armas, delito por el que ya ha sido condenado a 6 años de cárcel”, afirmó Cornejo Rivas.

El Gobierno informó el martes que los últimos “presos políticos” fueron liberados la semana pasada, con base a una “lista consensuada” y bajo una Ley de Amnistía.

Sin embargo, este miércoles anunció que liberará el 23 de junio, Día del Padre en Nicaragua, a unos mil reos comunes.

Campaña internacional

Al respecto, el representante de la Alianza Cívica, José Pallais, anunció que fortalecerá la campaña de información internacional que mantiene para contrarrestar el “engaño del Gobierno” que ha cumplido con los acuerdos suscritos en marzo pasado” y que continuarán exigiendo la liberación de los manifestantes que todavía están en prisión.

Sobre un posible regreso a la mesa de negociación, precisó que esto aún no se ha decidido, “todavía está en consideración” porque hay diferentes apreciaciones sobre el rol y los límites de las garantes.

Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza, señaló que el argumento oficial de haber liberado a los consensuados, representa una lectura a conveniencia del Ejecutivo.

“En el acuerdo del 27 de marzo se habló de la liberación de todos los presos, no se habló de ningún tipo de lista, no se habló de lista consensuada, de lista pequeña, de lista grande, se habló de la liberación de todos los presos”, dijo Chamorro.

Agregó que también han establecido contactos con los testigos y garantes de la mesa de negociación, el nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag y el emisario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Rosadilla, para que estos puedan gestionar el cumplimiento del acuerdo de liberación.

“Ellos se llevaron mucha evidencia, material de las acusaciones, de los testimonios de las personas que están presas; eso se lo van a llevar a la Cruz Roja internacional y explicarles que estas personas están actualmente presas y que no son delincuentes comunes como sostiene el Gobierno”, explicó Chamorro.

Carta a los testigos

Los representantes de la Alianza Cívica dieron a conocer este miércoles, luego de que se venciera el plazo de liberación de los más de 80 manifestantes que continúan encarcelados, los incumplimientos en los que ha incurrido el Gobierno, en una carta que dirigieron a los testigos y garantes internacionales de la mesa de negociación.

La Alianza señaló en la carta, que a ninguna de las personas liberadas se le ha cerrado “los procesos administrativos iniciados y los procesos penales, ni tampoco se les han anulado los registros de antecedentes penales por las autoridades competentes. A estas alturas a un número significativo de personas no les han sido devueltas sus pertenencias, inclusive sus cédulas de identidad ni pasaportes. Tampoco se han cerrado los juicios ni cancelado los antecedentes penales de 296 personas procesadas y que no habían sido capturadas”.

Este miércoles la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Unidad de Presos Políticos de Nicaragua (UPPN) brindaron una conferencia de prensa, en la que demandaron la liberación de todos los manifestantes que continúan encarcelados.

María Oviedo, del equipo de defensores de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), aseguró que las autoridades continúan sin emitir sentencias definitivas de sobreseimiento a favor de manifestantes liberados.

“La amnistía no ha sido aplicada, la amnistía es una figura jurídica en la cual se extingue la acción penal y todos los efectos, pero en este caso no ha habido resolución, al menos en los casos que competen a la CPDH”, explicó Oviedo.

EE. UU. presionará más al Gobierno de Nicaragua

El incumplimiento del Gobierno de Nicaragua a los acuerdos firmados en la mesa de negociación con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para la liberación de manifestantes encarcelados y el respeto de los derechos y libertades de los nicaragüenses, despertó este miércoles otra reacción del Gobierno estadounidense, en la víspera de que el Congreso reciba informes de abusos a los derechos humanos en el país centroamericano.

La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Kimberly Breier, advirtió que continuarán “presionando bajo nuestras autoridades legales existentes, incluyendo la Nica Act de 2018”.

Agregó que trabajarán con sus socios internacionales para “promover la rendición de cuentas por violaciones y abusos de los derechos humanos por el régimen”.

El Gobierno estadounidense, a través de Breier, señaló que el Gobierno nicaragüense tiene pendiente la “restitución de las libertades fundamentales, según lo acordado en la mesa del diálogo con la Alianza Cívica de Nicaragua”, mientras “el mundo sigue esperando el cumplimiento de estos compromisos”.

Por su parte, el ex miembro del Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, quien fue parte de una misión que llegó a Nicaragua en enero de este año, criticó la falta de aclaración de las liberaciones de manifestantes.

“El Gobierno de Nicaragua dice haber liberado a todos los presos políticos. La posición y fuentes diversas dicen que faltan 89. Es urgente aclarar esto. Cruz Roja y OEA, supervisores de este proceso, deben aclarar si quedan presos y en su casa dónde están los que faltan”, instó Jáuregui, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.