•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • Edición Impresa

 Human Rights Watch (HRW) exhortó a los Gobiernos de Latinoamérica, Canadá, EE. UU. y Europa, a imponer sanciones contra altos funcionarios del Gobierno y la Policía Nacional de Nicaragua por la represión ejercida contra los ciudadanos que han protestado desde abril de 2018.

Esta organización dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, divulgó este miércoles un informe de 107 páginas titulado “Brutal represión: torturas, tratos crueles y juicios fraudulentos contra manifestantes y opositores en Nicaragua”, el que ofrece un resumen general de los abusos cometidos por las autoridades gubernamentales contra manifestantes, periodistas y medios de comunicación independientes. 

Según HRW, el presidente de la República, Daniel Ortega, debido a sus amplias facultades como jefe supremo de la Policía Nacional, “tenía la posibilidad de disponer de esta institución a su arbitrio y destituir jefes policiales si estos desobedecían sus órdenes”.

En el informe, HRW sugiere imponer sanciones individuales, incluidas la prohibición de ingreso migratorio a los implicados en actos represivos y el congelamiento de activos.Policías frente al hotel donde se realizaba una actividad de la UNAB y los excarcelados. Isidro Hernández/END

“Ortega no ha mostrado el más mínimo interés en que las víctimas de la feroz represión perpetrada por miembros de la Policía Nacional y matones armados, durante las protestas de 2018, logren justicia”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, durante la presentación del documento.

El informe señala la ausencia de rendición de cuentas y la responsabilidad de altos funcionarios, como la ex directora de la Policía Nacional, Aminta Granera, y al actual director, Francisco Díaz, contra quienes también piden sanciones.

Consideran que Díaz “ha ejercido un control significativo sobre esta fuerza, primero cuando fue subdirector y más tarde en su cargo actual”; en cambio, Granera “encabezó la fuerza hasta ser reemplazada”.

El comisionado general Ramón Avellán, actual subdirector de la Policía Nacional y uno de los que dirigió en Masaya a “policías y bandas armadas partidarias del Gobierno (que) reprimieron ferozmente a manifestantes”, también está en la lista de posibles sancionados.

Jaime Vanegas, inspector general de la Policía Nacional; Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), y Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), también figuran en la lista.

“El Gobierno de Nicaragua tiene la obligación de adoptar medidas para prevenir o sancionar violaciones graves de derechos humanos”, destaca el documento.

“La única forma de contrarrestar las violaciones de derechos humanos generalizadas cometidas por el régimen, de permitir que los nicaragüenses regresen del exilio, de poner fin a la censura y de restablecer la independencia judicial, es ejerciendo una fuerte presión internacional sostenida que debería incluir sanciones individuales y un mayor reclamo para que los responsables rindan cuentas por sus abusos”, concluyó Vivanco.

Abusos y torturas

Un apartado del documento incluye los testimonios de 23 personas que describen los abusos sufridos de parte de las autoridades, incluidos los atropellos durante la detención, detenciones arbitrarias y procesos judiciales anómalos.

HRW concluyó que “policías y bandas armadas partidarias del Gobierno infligieron graves abusos físicos y sicológicos” a los detenidos, que en algunos casos constituyeron torturas.

En 13 de los sucesos analizados, tuvieron acceso a fotografías, grabaciones de video, informes médicos y expedientes judiciales.

Los casos documentados son consistentes con un patrón de abusos sistemáticos dirigidos a personas que se manifestaron contra el Gobierno, revela el informe.

HRW recibió denuncias de casos sobre violencia sexual y testimonios de detenidos que fueron sometidos a tratos crueles, como simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas, quemaduras con ácido, simulacros de ejecución, desnudez forzada y remoción de uñas.

Los investigadores entrevistaron a un total de 12 personas que estuvieron detenidas, de las cuales 11 señalaron haber sufrido uno o más de estos abusos; otros siete aseguran que fueron testigos de los abusos contra otras 39 personas.

Además, documentaron casos en los que se negó la atención médica. Se entrevistó a 10 profesionales médicos o socorristas que atendieron a personas heridas en manifestaciones o en las proximidades, uno de ellos trabajaba en un hospital público y amenazaron con encarcelarlo si continuaba prestando ayuda a manifestantes.

Otras situaciones están vinculadas a lo vivido durante los procesos judiciales que estuvieron “plagados de abusos”, según lo comprobaron a través de 15 casos en el que determinaron que en todos se cometieron violaciones a las garantías del debido proceso.

Policías vigilan la salida del hotel donde la UNAB y la UPPN tuvo una actividad este miércoles. Isidro Hernández/END

Proceso investigativo

Para la elaboración del informe entrevistaron a 75 personas, entre ellas 17 víctimas de violaciones de derechos humanos, 21 familiares de víctimas de abusos y 34 testigos de abusos, presuntamente cometidos por policías nicaragüenses y bandas armadas partidarias del Gobierno.

En el proceso investigativo, iniciado en septiembre de 2018 en Nicaragua, visitaron las ciudades de Managua, Jinotepe y Masaya, posteriormente las provincias de San José, Cartago y Heredia, en Costa Rica.

Durante su visita al territorio nacional, los investigadores de HRW evitaron entablar contacto con funcionarios gubernamentales por “temor a las posibles consecuencias para víctimas y defensores de derechos humanos”.

No obstante, en marzo de este año trataron de conocer la postura oficial del Gobierno, pero no recibieron respuesta.