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El secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, insistió este jueves en que debe restaurarse la democracia en Nicaragua y podría presentar este viernes un informe detallado sobre la participación de altos funcionarios nicaragüenses en actos de corrupción, lavado de dinero y violaciones de derechos humanos.

La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, conocida como Nica Act, que firmó el presidente Donald Trump el pasado 20 de diciembre, exige al secretario de Estado que certifique que, dentro de los 180 días siguientes, Nicaragua esté adoptando medidas dirigidas a fortalecer el estado de derecho y la gobernabilidad democrática, incluida la independencia del sistema judicial y el Consejo Supremo Electoral.

Mike Pompeo, jefe de la diplomacia de EE. UU. Archivo/END

Este jueves, el presidente del subcomité de Asuntos Exteriores para el Hemisferio Occidental del Congreso estadounidense, Albio Sires, condenó que no se hayan excarcelado a todos los manifestantes en Nicaragua, expresando que “el desprecio de (Daniel) Ortega por la fecha límite para liberar a todos los presos políticos reafirma que no tiene planes de renunciar a su control autoritario. Muchos de los liberados en los últimos meses siguen estando bajo arresto domiciliario y se les niega su derecho básico a la libre expresión”.

En una nota de prensa, Sires señaló que “la comunidad internacional debe dejar claro a Ortega que sus tácticas represivas se enfrentarán con una respuesta sólida y unificada. He estado trabajando con mis colegas en el Congreso para aumentar la conciencia sobre lo que está sucediendo en Nicaragua y continuaré tomando medidas para aumentar la presión sobre el régimen de Ortega, incluido el apoyo a nuevas sanciones dirigidas a los violadores de derechos humanos. Estoy con la gente valerosa de Nicaragua que exige un retorno a la democracia”.

La crisis de Nicaragua fue abordada el 11 de junio pasado durante una audiencia especial desarrollada en el seno de este subcomité.

Reunión EE. UU-Canadá

Este jueves, un día antes de que se venciera el plazo para divulgar el informe, Pompeo y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, sostuvieron una reunión en la que enfatizaron la importancia de “apoyar al pueblo nicaragüense en sus llamamientos a una restauración de la democracia”.

Basado en la reciente investigación de Human Rights Watch (HRW) que describe los abusos sistemáticos dirigidos a personas que se manifestaron contra el Gobierno de Nicaragua a partir de abril de 2018, el informe al Congreso será “durísimo”, advirtió el excanciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Sacasa.

“La falta de progreso en la búsqueda de una salida a la crisis política que Nicaragua atraviesa es otro factor que hace probable una reacción contundente por parte de la administración norteamericana”, señaló el exdiplomático.

Para Aguirre Sacasa, si hubiera más avances en temas como la libertad de prensa, el derecho a protestar cívicamente y en materia electoral, “se podría haber amortiguado” el impacto del informe que presentará Pompeo al congreso.

“La verdad es que el panorama en Nicaragua sigue oscuro. Por ejemplo, el hostigamiento oficial a la Iglesia católica continúa, el país sigue cerrado a organismos de derechos humanos y al Grupo de Trabajo de la OEA y aún en el caso de la excarcelación, en donde sí ha habido progreso, todavía hay un número importante de presos de conciencia”, agregó el excanciller.

El excanciller Francisco Aguirre Sacasa / ArchivoSanciones individuales

La Nica Act otorga al Departamento del Tesoro la facultad de sancionar a funcionarios anteriores o actuales del Gobierno de Nicaragua o cualquier persona que actúe en nombre de este.

Las sanciones, afirmó Aguirre Sacasa, se centrarán en individuos que, a criterio de Washington, son “directamente responsables del retroceso de la democracia representativa en Nicaragua, al igual que de corrupción y violación de derechos humanos”.

“Se evitarían medidas más amplias que engendrarían daños colaterales entre la población en general; proteger al pueblo es, te aseguro, una prioridad, tanto en la administración como el Congreso”, agregó el excanciller.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, recordó que la Nica Act podría limitar o restringir los préstamos de las instituciones financieras internacionales para Nicaragua.

De no presentar Pompeo este viernes su informe, los congresistas estarían poniendo en agenda su visita al Congreso.

¿Incidencia en la OEA?

El excanciller Aguirre Sacasa afirmó que todo lo que está relacionado a Nicaragua forma parte de un “combo de acciones de junio” que incluye la reunión de cancilleres en Medellín, Colombia, donde puede ocurrir que no se suspenda a Nicaragua del Sistema Interamericano porque lo consideren inconsistente con los procedimientos de la Carta Democrática Interamericana.

“Esto se basa, a mi criterio, en un desconocimiento de la carta y de cómo puede trabajar la OEA cuando existe una voluntad de trabajar de una manera coordinada entre sus actores principales”, dijo el excanciller.

Una segunda lectura que hace sobre el encuentro de la OEA que inicia el 26 de junio, es que se buscará solo una resolución en Medellín, porque no están los 24 votos necesarios para aprobar la suspensión.

“Este segundo escenario es factible, pero representaría una seria derrota para la diplomacia estadounidense y la de los otros países de la coalición democrática. Algo que sí te puedo asegurar es que la falta de definición de lo que pasará en Medellín es motivo de frustración para algunos países que han sacado la nuca en el caso nicaragüense y sería un motivo de satisfacción para el Gobierno”, comentó Aguirre.