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El gobierno de Canadá se sumó este viernes al de Estados Unidos al sancionar a nueve funcionarios del Gobierno de Nicaragua bajo la Ley de Medidas Económicas Especiales, por “las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos” cometidas en el contexto de la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018.

Las sanciones impuestas por el gobierno canadiense incluyen la prohibición de transacciones, congelación de activos, ingresar a territorio canadiense y tener algún interés económico con ciudadanos y entidades financieras de este país.

La vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo Zambrana; el secretario de la alcaldía de Managua, Fidel Moreno; el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras; la ministra de Salud, Sonia Castro; el asesor para inversiones de Nicaragua e hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega; el jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz; el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Orlando José Castillo Castillo; el ministro Transporte e Infraestructura, Óscar Mojica y el asesor en seguridad de la presidencia, Néstor Moncada Lau, son los nueve funcionarios sancionados por Canadá.

Cabe destacar que todos estos funcionarios ya fueron sancionados por el gobierno de Estados Unidos, al ser señalados de estar involucrados en actos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos durante la represión a las protestas contra el Gobierno de Nicaragua.

Al respecto, la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Latinoamérica, Kimberly Breier, tuiteó que “las sanciones impuestas junto con Canadá, a aliados claves del régimen de Ortega en Nicaragua, reafirman nuestro compromiso por apoyar la búsqueda de la democracia y justicia del pueblo nicaragüense y promueven rendición de cuentas por corrupción y violaciones a Derechos Humanos”.

SIGUEN VIOLACIONES

Según el comunicado emitido por el gobierno de Canadá, “aunque ha habido algunos avances recientes en términos de diálogo entre el gobierno de Nicaragua y los grupos de la oposición y la liberación de la mayoría de los detenidos políticos, el gobierno de Nicaragua no ha responsabilizado a los responsables de violaciones de derechos humanos y continúa permitiendo violaciones a los derechos humanos, incluso mediante la restricción de la libertad de expresión y el derecho de reunión, mientras continúan las detenciones arbitrarias”.

De acuerdo con Canadá, a pesar de la reciente liberación de la mayoría de las personas que fueron detenidas por participar en las protestas, en el país no se han tomado las medidas adecuadas para restaurar los derechos democráticos y abordar las violaciones de los derechos humanos que se han cometido en el último año.

“Canadá ha estado fuertemente involucrado en la situación en Nicaragua, tanto directamente con el Gobierno de Nicaragua como en foros multilaterales”, enfatiza el comunicado del gobierno canadiense.