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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso ayer sanciones contra cuatro funcionarios del Gobierno de Nicaragua, incluido el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras.

La lista de sancionados la completan la ministra de salud Sonia Castro, Orlando Castillo Castillo, director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y el general de brigada (en retiro) Óscar Mojica, titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).

Un comunicado del Departamento de Tesoro indica que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), designó a los cuatro funcionarios de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851, firmada por el presidente estadounidense Donald Trump en noviembre de 2018.

Dicha Orden Ejecutiva establece que todos los bienes y propiedad de los funcionarios y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50% de estas personas, que se encuentren en los EE. UU., o en posesión o control de estadounidenses, serán bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC.

BAJO NICA ACT

Además, Sonia Castro González y Gustavo Eduardo Porras Cortés son los primeros funcionarios nicaragüenses en ser sancionados con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA), mejor conocida como Nica Act.

El Tesoro estadounidense explica que Porras Cortés es “el operador político más importante del presidente (Daniel) Ortega y ejerce un control significativo sobre el Instituto de Seguridad Social y el Ministerio de Salud con la aprobación de la vicepresidenta Rosario Murillo”.

Desde su cargo como presidente de la Asamblea Nacional también “ha promulgado acciones o políticas importantes que socavan los procesos o instituciones democráticas en Nicaragua”.

Agrega que el 8 de junio pasado, este poder del Estado promulgó una Ley de Amnistía (Ley 996) que condicionalmente perdona a las personas que participaron en las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, pero requiere que los manifestantes se abstengan de expresarse en una futura protesta o se arriesguen a que se revoque la amnistía, y perdona a los policías y exmiembros de esa institución que participaron en la violenta represión contra los manifestantes.

Asimismo, entre el 29 de noviembre y el 13 de diciembre de 2018, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de nueve organizaciones de derechos humanos y pro democracia en Nicaragua.

Por su parte, Castro González ha sido sancionada por dirigir el Ministerio de Salud, una entidad cuyos miembros han cometido violaciones significativas de los derechos humanos.

“El Ministerio de Salud rechazó el tratamiento a las víctimas de la represión violenta del régimen, lo que exacerbó las lesiones e incluso condujo a la muerte debido a la falta de atención médica. El personal del hospital recibió órdenes de denunciar a los manifestantes admitidos, permitiendo que parapolicías los sacaran de los hospitales, lo que provocó desapariciones forzadas. El Ministerio de Salud amenazó a los trabajadores de la salud y despidió a cientos del personal médico que trató a los manifestantes”, señala el Departamento del Tesoro.

ANÁLISIS

A juicio del ex diplomático Edgar Parrales, estas cuatro personas han ido haciendo méritos negativos para merecer las sanciones, especialmente Castro y Porras a quienes se les vincula con acciones perversas como negar la atención a manifestantes en centros hospitalarios o avalar la represión a quienes protestaban.

“La señora Castro, aunque lo nieguen, dio la orden perversa de que no se atendiera a los manifestantes azul y blanco en los hospitales y al personal hospitalario que los atendieron lo fueron corriendo sistemáticamente. Por otro lado, el señor Porras ha estado vinculado a la represión, por ejemplo, la cancelación de las personerías a las ONG”, señaló Parrales.

El analista considera que mientras el Gobierno siga en su actitud intransigente, las sanciones contra funcionarios continuarán incrementando hacia más personas ligadas al Gobierno.

“Mientras el Gobierno insista en su terquedad de creer que aquí nada ha pasado y de seguir reprimiendo a la población y disponiendo del erario público, pues entonces las sanciones seguirán dándose de manera más intensas y más extensas”, afirmó Parrales.

El ex diplomático considera que esta nueva medida fortalece la posibilidad de nuevas sanciones contra Nicaragua, por ejemplo la Unión Europa, o acelerar la suspensión de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), tal como se baraja desde diciembre pasado.

El diputado conservador Alfredo César considera que la aplicación de las sanciones era algo que se vislumbraba, porque había vencido el periodo de seis meses, una suerte de waiver, que la administración Trump había dado desde la aprobación de la Nica Act en diciembre pasado y que el ejecutivo nicaragüense no supo aprovechar para hacer cambios en su política de Estado.

Asimismo, considera que la sanción contra el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, es un hecho “gravísimo, no solo a nivel nacional porque le imposibilita firmar cuentas de bancos y todo ese tipo de situaciones, sino también a nivel internacional, el efecto de ilegitimidad que le transfiere al parlamento de Nicaragua”.

MENSAJE AL EJÉRCITO

César considera como un punto muy importante el que también se haya incluido en este paquete al ministro del MTI, el general en retiro Óscar Mojica, lo cual tiene dos lecturas. La primera se fundamenta en el hecho de que el MTI ejecuta los proyectos de construcción vial en el país, “es decir que también queda inhibido de poder firmar, eso ocasiona serios problemas en los desembolsos de los organismos de países y agencias que contribuyen a los proyectos”.

El segundo elemento es que se trata de “un mensaje al Ejército, porque aunque (Mojica) esté en retiro es un hombre de alta calidad y calibre”, dijo el diputado conservador.

La fundamentación del Departamento del Tesoro para sancionar a Mojica indica que este promovió en la televisión estatal de Nicaragua la estrategia de “exilio, cárcel o muerte” para silenciar a la oposición, una política que ha dejado cientos de muertos, miles de heridos y decenas de miles de personas encarceladas, llevadas al exilio o desplazadas internas.

Mojica administra una parte significativa de las finanzas personales y oficiales del presidente Daniel Ortega y de la Vicepresidente Rosario Murillo, incluidas las inversiones en plantaciones de café y establecimientos hoteleros, revela el gobierno de EE. UU.

Respecto a la sanción contra Orlando Castillo, titular de Telecomunicaciones, se explica que fue sancionado por dirigir una entidad cuyos miembros amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad de Nicaragua. “El presidente Ortega y Castillo han utilizado Telcor para silenciar a los medios independientes, incluido el canal de noticias 100% Noticias”, expresa la comunicación.

Óscar Mojica, general retira a cargo del MTI en la actualidad. Archivo/END

MARCO RUBIO

El senador estadounidense Marco Rubio advirtió este viernes al Gobierno de Nicaragua que, de no cumplir con los acuerdos firmados en la mesa de negociación que sostiene con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia desde el 27 de febrero, podrían venir más sanciones contra ellos.

“Por el bien del pueblo nicaragüense, y del propio régimen, reconsideren su postura y cumplan con lo pactado. La represión tiene que terminar. No se les olvide, el #NicaAct y demás sanciones están sobre la mesa por si pretenden usar las negociaciones como una táctica de engaño”, escribió Rubio, en un hilo de mensajes de su cuenta de Twitter.

EE. UU. ha sancionado en total a 12 personas vinculadas al Gobierno de Nicaragua

Con las cuatro sanciones divulgadas este viernes por el Departamento del Tesoro totalizan 12 las personas a quienes se les ha aplicado esta medida en Nicaragua, entre diciembre de 2017 y junio de 2019.

La primera sanción fue promulgada el 21 de diciembre de 2017 contra el ex presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas Reyes, a quien se le incluyó en un listado de 13 personas sancionadas financieramente bajo la Ley Global Magnitsky.

Posteriormente, el 5 de julio de 2018, durante la fase más cruenta de las protestas antigubernamentales, el comisionado general Francisco Javier Díaz Madriz, jefe de la Policía Nacional; José Francisco López Centeno, tesorero del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y Fidel Antonio Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua, ingresaron a la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).

El 27 de noviembre del año pasado con la Orden Ejecutiva del presidente de EE. UU., Donald Trump, que declaró emergencia nacional por la represión en Nicaragua, el Departamento del Tesoro anunció sanciones financieras a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo y al asesor en seguridad de la presidencia, Néstor Moncada Lau.

El 12 de diciembre de 2018, el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, extendió sanciones contra Ileana Patricia Lacayo Delgado, esposa del expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, Roberto Rivas, al que Washington acusa de "corrupción significativa".

En tanto el 17 de abril de 2019 la OFAC anunció sanciones contra Laureano Ortega y el Bancorp, al vincularlos con actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.