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Una propuesta de resolución sobre la situación de Nicaragua, presentada por siete países, será debatida esta semana por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), y con ella se crearía una comisión de alto nivel para ayudar a solucionar la crisis sociopolítica del país.

El documento propone “instruir al Consejo Permanente a que nombre una comisión que, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua, y que rinda un informe en un plazo de 3 meses”.

La resolución pide también que vuelva a Nicaragua la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que haga presencia en Nicaragua durante un tiempo.

El Gobierno de Nicaragua canceló y expulsó las misiones de este ente de la OEA, el año pasado.

El excanciller Francisco Aguirre Sacasa aseguró que el período de 3 meses que propone la OEA para presentar un informe definitivo sobre la crisis, servirá para que el Gobierno gane más tiempo, lo cual ha sido siempre su principal aliado.

“Retomar la negociación dependerá de lo que acontezca en Medellín”

“Él juega a lo imponderable, a lo imprevisible, entonces eso para una persona que estaba contra las cuerdas, es una posición donde pelea tiempo”, comentó.

“Con esto Daniel (Ortega) ha ganado 4 meses más, y no digo 3 meses porque faltan todavía unos días para la votación. Después de eso viene el período donde conforman la comisión del más alto nivel y negociando con Ortega que si les van a dar entrada y las postergaciones, estamos hablando esencialmente de 4 meses para llegar a una conclusión y luego convocar a una asamblea general”, explico el excanciller.

“La situación nicaragüense es tan mala económica y socialmente que me lleva a decir que no tenemos tiempo que perder, nosotros no podemos darnos el lujo de proponer tanto tiempo para resolver la crisis”, dijo Aguirre.

Por su parte, el exembajador de Nicaragua en la OEA, Edgard Parrales, afirmó que la propuesta de resolución demuestra que el Grupo de Trabajo está expresándole al Consejo Permanente su preocupación ante la situación crítica del país y en segundo lugar se insta al Gobierno de Nicaragua a respetar los derechos humanos y la democracia.

El exembajador Parrales explicó que si el Gobierno no cambia nada, entonces “se le van a aplicar (más) sanciones de la Nica Act y también en la Unión Europea se está cerca de aplicar sanciones”.

Indicó que mientras el Gobierno no se sienta presionado “va a seguir manteniendo su posición, por eso es importante que la comunidad internacional recrudezca las sanciones”.

Parrales calificó de positivo que se otorgue “una última oportunidad de condescendencia y comprensión para que la situación se resuelva pacíficamente”, pero si el informe de la comisión es negativo “cualquier propuesta que presente el Gobierno se rebatirá y anulará, porque va a prevalecer la propuesta que responda al sentir generalizado de los países del continente”.

Aguirre y Parrales coinciden en que el Gobierno no cambiará su posición mientras no se sienta debilitado o acorralado.

El proyecto de resolución “La situación en Nicaragua”, lo presentaron las misiones permanente de Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica, Estados Unidos y Perú, y se espera sea discutido durante el 49 Período Ordinario de Sesiones de la OEA, que se realizará entre el 26 y 28 de junio en Medellín, Colombia.

Alfredo César, diputado y presidente del Partido Conservador (PC) destacó que esta propuesta de resolución ha dado un paso importante al establecer “un plazo perentorio de 3 meses para evaluar si hay avances del Gobierno en la negociación enfocados en una solución a la crisis del país”.

“Y se advierte que si no hay avances en estos tres meses, entonces se podría proceder a la suspensión de Nicaragua en la OEA”, dijo César.

A juicio de César, ese periodo de tres meses “da espacio para que se negocie la reforma electoral y a lo mejor para septiembre ya hay fecha de elecciones anticipadas”.

Las misiones permanentes de la OEA instruyen al Consejo Permanente que una vez recibido el informe, “adopte las medidas que sean necesarias, incluida, si es el caso, la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Asamblea General.

El Consejo Permanente de la OEA estima que se deben garantizar las “condiciones políticas y sociales” para promover una “reforma electoral integral” que permita elecciones libres en Nicaragua.

Las elecciones, insisten, deben ser “libres, justas, transparentes y legítimas”, de conformidad a los estándares internacionales.

Entonces, “en esos tres meses que da la OEA, se debe aterrizar en el tema de la reforma electoral e incluso en la fecha para las elecciones adelantadas. El diálogo se puede reiniciar el primero de julio”, recalcó.

Después de esta semana y con el apoyo de los cancilleres de la OEA, César valora que la Alianza Cívica tiene que retomar el diálogo con el Gobierno “y seguir insistiendo en que salga el resto de (manifestantes) presos, pero ya dialogando, porque hay que avanzar en la solución de la crisis, tal como el Consejo Permanente lo hace ver al reiterar el llamado de retomar las negociaciones”.