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El Instituto CASLA, una ONG encargada de la promoción de los derechos humanos en América Latina, debatió junto a varios expertos este martes en la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre la justicia internacional en la región, para la prevención de crímenes de lesa humanidad.

Durante el debate se habló especialmente sobre crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, Venezuela y Cuba. 

Nicaragua

Amerigo Incalcaterra, quien era parte del Grupo de Expertos Independientes (GIEI) que fue expulsado por el Gobierno de Nicaragua en agosto del año pasado, expuso parte del informe que emitió este grupo conformado por la OEA, sobre los acontecimientos ocurridos en el país durante las protestas. 

El experto del GIEI aseguró que este grupo pudo constatar que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad y por esa razón fueron expulsados del país y no les permitieron presentar el informe en territorio nicaragüense.   

“No nos permitieron presentar ese informe quizás por las pruebas que tenía. Todos esos casos han sido documentados y esperamos que en algún momento se haga justicia por las víctimas", enfatizó Incalcaterra.

Amerigo Incalcaterra miembro del GIEIAmerigo Incalcaterra además explicó cómo se puede denunciar a los Gobiernos que han cometido crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional.

“En primer lugar se tiene que exigir justicia a sus tribunales y estos no están preparados y están en convivencia con el poder políticos y eso lo estamos viendo en países como Nicaragua y Venezuela”, explica el experto.

Según Incalcaterra no puede haber impunidad en los crímenes de lesa humanidad.

De acuerdo con Amerigo Incalcaterra, los crímenes de lesa humanidad pueden ser presentados en tribuales que atienden la justicia universal.

Julio Montenegro, abogado de los manifestantes presos en Nicaragua / Cortesía

Julio Montenegro, abogado de una gran parte de las personas que han sido detenidas en el contexto de la crisis de Nicaragua y miembro del grupo “Defensores del pueblo”, expuso durante el encuentro las irregularidades en los juicios contra los manifestantes y la polémica Ley de Amnistía, aprobada por la Asamblea Nacional.

Montenegro denunció que en Nicaragua todos los poderes del Estado son controlados por el Gobierno.

En el debate también estuvo presente el diputado del Parlamento Europeo, José Ignacio Salafranca, quien en enero pasado encabezó una misión de parlamentarios que visitó Nicaragua para obtener información de primera mano sobre la crisis.

El eurodiputado José Ignacio Salafranco  / Cortesía

Durante el encuentro a  Salafranco se le consultó sobre si un país europeo podría denunciar al Gobierno de Nicaragua por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido a lo que el eurodiputado respondió: Como Parlamento Europeo lo que hemos procurado siempre, como es lo que hicimos cuando pedimos el reconocimiento de Juna Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, es instar a que el conjunto de la Unión y los Estados miembros adopten la misma posición, no sé si tuvimos mucho o poco éxito, pero si sabemos que a los cuatro días después de la resolución que emitimos, un comunicado de que el Parlamento Europeo reconocía a Guaidó como presidente de Venezuela le dio la vuelta al mundo, en ese sentido, de iniciar esta causa (denunciar al Gobierno de Venezuela) ante la Corte Penal Internacional hemos visto como dos estados miembros (Francia y Alemania) han manifestado su conformidad con esta iniciativa, por lo tanto la pregunta sobre Nicaragua es válida, nosotros, en especial yo, he tenido la oportunidad de estudiar y valorar con el resto de mis compañero el trabajo hecho por el Grupo de Expertos Independientes, no tengo nada más que ratificar lo que ha dicho nuestro abogado penalista (Julio Montenegro), puesto que tuvimos la constatación sobre el terreno de la propia invalides de todos estos procesos judiciales. La Unión Europea busca posiciones de conjunto y cuando esas posiciones no se pueden producir cada estado miembro puede posicionarse de la forma que estime conveniente, pero buscamos siempre actuar de forma conjunta”, dijo el eurodiputado.

Venezuela

Por su parte Cristopher Hernández, en representación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, hizo una recapitulación sobre las violaciones de derechos humanos que se han cometido en los últimos años en Venezuela y aseguró que esta situación influyó en la represión contra manifestantes en Nicaragua.  

“Más de 50 manifestantes han sido asesinados por el régimen madurista y se han identificado más de 50 centros de torturas, hay más de 1,000 detenciones de manifestantes, existe desplazamiento forzoso de venezolanos y mantiene más de 700 presos políticos”, dijo Cristopher Hernández.

“La falta de pronta actuación en Venezuela dio luz verde a la feroz represión del Gobierno de Daniel Ortega que dejó a más de 300 asesinatos, ¿Cuántos más crímenes tendrán que cometerse para que abra formalmente una investigación formal para el caso venezolano?, buscamos justicia, la que ha sido esquiva todo este tiempo”, enfatizó Hernández.

Cuba

Javier Larrondo, defensor de derechos humanos en Cuba, expuso sobre qué elementos son tomados en cuenta para considerar un crimen de lesa humanidad.

Según Javier Larrondo, en el caso de Cuba, este país no pertenece al Estatuto de Roma, por lo tanto los crímenes de lesa humanidad que se han cometido no pueden ser juzgados en territorio cubano, razón por la que se debe usar otras jurisdicciones para que las víctimas puedan tener justicia.

Javier Larrondo instó a sus colegas de Nicaragua a denunciar los crímenes de lesa humanidad cometidos en este país y evitar que la influencia de Cuba se siga expandiendo en América Latina. 

“Animo a mis compañeros de Nicaragua para que busquen a dar con el talón de Aquiles de estos dictadores, que son un peligro no para los que son abusados sino para toda la humanidad, señores tenemos un peligro en América Latina porque Cuba se está expandiendo, ya ha conquistado Venezuela y Nicaragua, ya hay un trio del mal y eso crece como la contaminación en el mundo”, expresó Larrondo.