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Las autoridades del Estado de Nicaragua, encargadas de la investigación del asesinato del ciudadano nica-estadounidense Eddy Montes Praslin, tienen un mes sin dar  respuesta sobre la investigación de su muerte, algo que deberían hacer de oficio, señaló Leyla Prado, del equipo de abogados defensores de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Prado afirmó que comparecieron ante cuatro instancias encargadas de resolver el caso del asesinato de Montes, abogado graduado, asesinado por un custodio de la penitenciaría La Modelo, donde fue recluido bajo acusaciones de supuesto saqueo y destrucción de instalaciones públicas, entre otros delitos.

“Hicimos todo un recorrido por las instituciones involucradas en investigar y sancionar a los responsables. Vino (desde Estados Unidos) la hija de don Eddy, Eddyjafet Montes, y en principio fuimos a la Dirección de Auxilio (DAJ), a pedirle al jefe de esa dirección, al comisionado mayor Luis Pérez Olivas, que se diera el inicio a la investigación de las circunstancias en que murió don Eddy y que se esclareciera, sin embargo, no se nos recibió el documento”, explicó la abogada.

Añadió que posteriormente fueron a Plaza El Sol, donde están las máximas autoridades de la Policía Nacional, encabezadas por el comisionado general Francisco Díaz, donde se recibió la denuncia, pero es la fecha y no sabemos nada al respecto”, aseguró Prado.

El ministerio público tampoco hace nada

La abogada de CPDH agregó que posteriormente fueron al Ministerio Público, donde también interpusieron la denuncia, pero de igual manera, siendo representante de la familia de la víctima, las autoridades no le han enviado ninguna comunicación sobre los avances de las investigaciones.

“El artículo 225 de Código Procesal Penal dicta que el Ministerio Público en 20 días hábiles puede tener una resolución, ya sea dando lugar a una investigación o desestimando el hecho, pero este asesinato, hasta el momento, sigue en total impunidad”, dijo Prado, quien señaló de insólito en la historia de los procesos judiciales en Nicaragua, que el caso contra Montes siga activo.

La abogada dijo que es increíble que Montes fuera citado a las 9:00 a.m. del martes 25 de junio, pero al llegar al juzgado, le informaron que la audiencia quedaba suspendida bajo el razonamiento de "Cancelación por horario", lo que no se explica y que por primera vez escucha ese término en sus años de experiencia en la profesión.

"Conozco suspensión por restructuración de horario, pero no suspensión por horario. Sobre el caso, desde el 20 de mayo presenté un escrito dirigido al juez séptimo del Distrito Penal de Juicios, doctor Melvin Vargas, que pidiera información sobre la muerte de mi representado, pero es hoy (martes), un mes después y el Poder Judicial no se pronuncia al respecto”, manifestó.

La autoridad judicial imperativamente y de forma oficiosa debió pronunciarse extinguiendo la acción penal, según Prado.

Recordó que de previo presentó el certificado de detención de Montes, pero hasta el momento no hay respuesta, ni del juez ni de las otras instituciones encargadas de la investigación del caso.

O'neal Josué Granados, también de Matagalpa, capturado el mismo día que a Montes y a quien lo involucran en el mismo proceso por el supuesto delito de terrorismo, señaló que es una ridiculez y una burla lo que hacen con una persona asesinada por los guardias de la penitenciaría.

"Montes (originario de Matagalpa, pero nacionalizado estadounidense) no era ningún delincuente. A él lo capturó la Policía Nacional bajo engaños el 7 de octubre del año pasado, citándolo por el caso del robo de sus tierras y lo detuvieron. A mí me capturaron en mi centro de trabajo.

Luego nos mandaron a El Chipote y después a La Modelo. A mí me excarcelaron el 27 de febrero, pero a él lo asesinaron el 16 de mayo", expresó Granados, quien estuvo preso por participar en las marchas y protestar contra el Gobierno.

Según Prado, a Montes no solo se le violó el sagrado derecho a la vida estando en custodia del Estado, sino que también las instituciones gubernamentales hasta hoy le niegan a la familia obtener justicia y dejan a los asesinos en la impunidad.