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 La Ley Orgánica de la Asamblea Nacional fue modificada este jueves, dejando a Gustavo Porras en la presidencia del Parlamento, pero con restricciones administrativas, debido a las sanciones que le impusieron la semana pasada los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá.

Los legisladores sandinistas, que son mayoría en el plenario, solo modificaron el artículo 44 de la mencionada ley porque es el que establecía que la “máxima autoridad administrativa” del Poder Legislativo y quien “administra el presupuesto y nombra al personal de acuerdo con la ley”, es el presidente de este poder estatal.

La reforma obedece a que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Gobierno de Canadá, usando la Nica Act y la Ley de Medidas Económicas Especiales, respectivamente, impusieron a Porras una sanción que lo inhabilita de realizar operaciones financieras relacionadas con empresas y bancos vinculados a esos países.

Por tanto, Porras ya no podía ejercer las competencias administrativas ni financieras de la Asamblea Nacional y esa fue la facultad que le quitaron los 70 votos de la bancada sandinista.

Diputados oficialistas dijeron que Porras no firmaba cheques, pero la medida era necesaria para evitarle complicaciones a los bancos nacionales que funcionan como sucursales o canalizan fondos provenientes de la banca internacional supervisada por las leyes de Estados Unidos y de Canadá.

Los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá vinculan a Porras con violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas antigubernamentales iniciadas en abril del 2018.

Cambios

El nuevo artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que la Asamblea tiene a dos representantes, uno político que es su presidente, Gustavo Porras, y uno administrativo, que recae en la figura del secretario ejecutivo.

“Queda claramente establecida la diferencia de funciones en cuanto al presidente de la Asamblea Nacional, que representa políticamente al Poder Legislativo y la secretaria o secretario ejecutivo (hasta este martes no lo habían nombrado) es el representante administrativo, financiero de la Asamblea Nacional”, explicó el legislador Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea.

“Con esa modificación se deja establecida la facultad que tiene ese secretario o secretaria; esto garantiza que cualquier acción administrativa o financiera, incluso frente a terceros, la tiene por ministerio de ley el secretario o secretaria (ejecutivo)”, recalcó Gutiérrez.

El mismo artículo 44 establece que la junta directiva de la Asamblea Nacional es la responsable de nombrar al secretario o secretaria ejecutiva, la persona para este cargo sería asignada en las próximas horas, según comentaron diputados sandinistas. La directiva del Poder Legislativo es dominada por el gobernante Frente Sandinista, que controla cinco de los siete cargos directivos.

Piden renuncia

La reforma a la ley tuvo dos votos en contra, uno del Partido Conservador (PC) y otro del partido indígena Yatama. De hecho, el PC pidió públicamente la renuncia de Porras.

“Votamos en contra porque no estamos de acuerdo con que Porras sea el representante político de la Asamblea, nuestra petición es que renuncie al cargo para que su sanción no contamine en ningún sentido a la Asamblea Nacional”, sostuvo Wendy Guido, diputada del PC.

Elizabeth Enríquez, legisladora de Yatama, coincidió con la posición del PC. 

La bancada de 14 diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) pidió a Porras que mejor demitiera al cargo, pero los liberales prefirieron abandonar el plenario antes de la votación.

“Se decidió no participar en la votación y salir del plenario, porque no estamos de acuerdo con nada de esta medida de reforma, nuestra posición es que Porras renuncie y se elija a otro presidente para no poner en riesgo la legitimidad de la Asamblea Nacional”, indicó por su parte Jimmy Blandón, jefe de la bancada del PLC.

“Para mí es una condecoración (…). Es un orgullo pertenecer a ese colectivo de nicaragüenses en el que ha estado al frente el general Sandino”, afirmó Gustavo Porras.

Gustavo Porras, presidente del parlamento nacional. Óscar Sánchez/END

Antecedentes

El anterior presidente del Poder Legislativo, René Núñez, murió el 10 de septiembre de 2016 y su cargo fue mantenido póstumo hasta que Porras asumió al iniciar el nuevo período legislativo en 2017, tras las elecciones nacionales.

También se cambió la Ley Orgánica del Consejo Supremo Electoral (CSE), cuando Roberto Rivas, su presidente, fue sancionado por EE. UU. bajo la Ley Global Magnitsky.

A finales de diciembre de 2017, Estados Unidos incluyó a Rivas en la lista de la OFAC, junto con otras 13 personas de diferentes países, señalándole de cometer actos de corrupción.

En febrero de 2018, la Asamblea Nacional aprobó una ley para trasladar todas las facultades administrativas y representación legal que tenía Rivas en el CSE, a la figura del vicepresidente, manteniéndose en el cargo, pero sin poderes. Rivas renunció el 31 de mayo de 2018.