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 El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) recomendó al sector empresarial abstenerse de firmar acuerdos con instituciones vinculadas a las personas sancionadas por Estados Unidos y Canadá, afirmó este miércoles José Adán Aguerri, presidente del organismo gremial.

“Nosotros hemos recomendado el día de hoy (este miércoles) a nuestras cámaras y nuestras empresas que no se puede firmar ningún tipo de proyecto, ningún tipo de situaciones que estén vinculadas con funcionarios sancionados”, informó Aguerri.

Uno de los sancionados es el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, lo que obligó a los diputados oficialistas a reformar la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional para nombrar a otro funcionario que se encargará de la parte administrativa.

El Gobierno todavía no ha actuado en el caso de los otros tres funcionarios: la ministra de Salud, Sonia Castro; el ministro de Transporte e Infraestructura, Óscar Mojica Obregón; y el director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Orlando Castillo.

Aguerri afirmó que mantener vínculos empresariales con los sancionados es un riesgo. “Sería una afectación, no solo para el funcionario sancionado, sino que corre riesgo el mismo empresario si no toma en cuenta esa recomendación”, explicó el presidente del Cosep, aunque reconoció que es “una prerrogativa del Gobierno” decidir qué hacer con la persona sancionada.

“La sanción no es para que los despidan o no los despidan, esa es una decisión que le corresponde al Gobierno. La sanción es para la persona, para que no pueda entrar al país que lo sanciona, para que ninguna empresa pueda tener relaciones con ellos y desde ese punto de vista, los bancos han tomado la decisión, por su propia certidumbre, de cerrar las cuentas de estas personas y esto significa las cuentas personales e institucionales”, señaló Aguerri.

Quedan al margen

El jurista José Pallais dijo que la aplicación de sanciones a funcionarios públicos afecta a estos paulatinamente en el desarrollo de sus actividades administrativas y diplomáticas.

Explicó que aunque las sanciones son personales, no institucionales, tienen un efecto sobre la entidad estatal “porque cuando el sancionado es el representante legal y la cabeza de la institución y quien administra los recursos de la misma, se ve afectada la entidad en la administración de los recursos, principalmente en todas las transacciones bancarias”.

Los bancos nicaragüenses, por la relación que tienen con la banca estadounidense, se ven compelidos a que estas personas en listas de sancionados no puedan tener relaciones bancarias, agregó.

“No pueden firmar contratos con los bancos, no pueden firmar cheques ni hacer ninguna operación bancaria, lo cual estaría obligando a estas instituciones a sustituir la firma registrada en sus operaciones con la banca nacional e incluso en sus operaciones internacionales. Si tuvieran créditos con bancos del extranjero, igualmente estarían afectadas”, subrayó Pallais. 

El jurista afirmó que con las sanciones, directamente no habrá afectaciones en cuanto a temas de cooperación, préstamos e inversiones.

“Esos recursos están sujetos más bien a decisiones políticas y sanciones directas a los países”, dijo Pallais.

Explicó que en cuanto a gestiones, las instituciones con funcionarios sancionados pueden optar por resolver asuntos financieros como hizo la Asamblea Nacional, “procediendo a firmar con otra persona, donde el presidente de la institución delega para la ejecución de proyectos”.

Muerte financiera

El exdiplomático y jurista Carlos Tünnermann Bernheim afirmó que las sanciones para los funcionarios públicos y en especial para el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, equivalen a una muerte financiera.

“No podés tener actividad con ningún banco, porque todos los bancos se cuidan”, dijo Tünnermann.

Agregó que por ello los diputados de la Asamblea Nacional recurrieron a la creación de una figura que no existía, como la Secretaría Ejecutiva y tuvieron que reformar la Ley Orgánica del Parlamento para crear esta secretaría, en la que asume un funcionario que no estaba previsto en el organigrama.

Según Tünnermann, lo que correspondía en el caso de Gustavo Porras era la renuncia, “que se escogiera a un nuevo presidente (del Parlamento) que asumiera las funciones administrativas, pero como quieren mantener a Porras en la presidencia (legislativa), se salieron por la tangente creando un órgano administrativo que no estaba previsto en la Ley Orgánica”.