•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • Edición Impresa

Sofía Macher, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua, recomendó  este miércoles, la creación de “fiscalía especial”, según contempla la normativa nicaragüense, para que se enfrenten procesos judiciales de forma independiente.

Además, señaló que lo primero que se debe hacer antes de iniciar un proceso electoral es “exigir inmediata desmovilización de todos los grupos paraestatales”.

Las declaraciones se dieron en un foro paralelo a la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA),  titulado “¿Hacia dónde va Nicaragua? Retos y Desafíos ante la grave crisis de derechos humanos” se realizó en Medellín, Colombia.

Macher criticó además la “Ley de reparación a víctimas de la violencia en Nicaragua”, pues señaló que esta continúa imponiendo un discurso contra los manifestantes al señalar “el fallido golpe de Estado”, de lo que acusaban a los protestantes, además, señaló que esta “no especifica quiénes son las víctimas”.

La representante del GIEI advirtió que la entrega de “reparaciones de ninguna manera supone un canje de impunidad”, por lo que, explicó que las reparaciones deben ir acompañadas con “la verdad, qué le pasó a esa persona, quién lo hizo y asumir, desde el estado, esa responsabilidad por no haberla cuidado adecuadamente”.

Costa Rica

La vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, dio apertura al foro, organizado por Raza e Igualdad, afirmando que Nicaragua alcanzará pronto “un futuro mejor” porque tiene a ciudadanos que son “capaces de soñar con una democracia”. 

El Gobierno de Costa Rica se comprometió a seguir apoyando al pueblo de Nicaragua a través de la denuncia internacional y el apoyo a los nicaragüenses que buscan refugio en su país.

En el foro participaron nicaragüenses excarcelados, representantes de organismos internacionales, defensores de derechos humanos y sociedad civil nicaragüense, quienes denunciaron las graves violaciones a derechos humanos que se continúan cometiendo en el país.

Campbell reveló que este año las autoridades costarricenses recibieron 20 mil solicitudes de refugio, además de las 30 mil del año pasado, aunque no especificó si todas eran de nicaragüenses que huyen producto de la crisis sociopolítica que inició en abril de 2018.

En el foro participaron Roberto Desogus, coordinador para Nicaragua de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Oacnudh); Sofía Macher, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua; Antonia Urrejola, comisionada y relatora de país para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Marlin Sierra, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh); Azahalea Solís, miembro de la Alianza Cívica y representante del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM); Lucía Pineda, jefa de prensa del canal 100% Noticias; Epsy Campbell, vicepresidenta de Costa Rica; y Ana Bolaños, representante de Raza e Igualdad.

La directora ejecutiva del Cenidh, Marlin Sierra, aprovechó su intervención para denunciar que todavía, luego de 6 meses de cancelada la personería jurídica de la ONG que representa, no se ha restituido el derecho a la libre organización, pues continúan sin recibir respuesta los recursos interpuestos para que se restituyan las personerías jurídicas de las nueve ONG que fueron canceladas en noviembre y diciembre de 2018.

Por su parte, la abogada constitucionalista Azahalea Solís, sentenció que en Nicaragua “nadie quiere guerra”, por lo que abogó por una salida negociada y pacífica a la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua.

“Queremos salir de esta crisis por el camino de la paz, creo que es el camino para cambiar la ruta de violencia que ha vivido Nicaragua en su historia. Tenemos la enorme responsabilidad de cambiar  la historia de Nicaragua, construir un país en el que podamos vivir todos los nicaragüenses, en el que nos respetemos y vivamos en paz”, declaró Solís.

Pineda Ubau

La excarcelada periodista Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa del clausurado canal 100% Noticias, expuso su testimonio del encierro y aislamiento que vivió durante 172 días en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote y el Sistema Penitenciario de Mujeres, conocido como La Esperanza.

Pineda resaltó que el Gobierno de Nicaragua la detuvo ilegalmente el 21 de junio, con el director de 100% Noticias, Miguel Mora, para obligarlos a dejar de informar sobre las violaciones a derechos humanos que se estaban cometiendo contra manifestantes.

“El objetivo de la dictadura era que nosotros nos rindiéramos y dejáramos de informar. 100% Noticias fue cerrado por exponer las violaciones a derechos humanos. El 21 de diciembre tomaron el canal, hicieron un operativo como si buscaban a alguien de crimen organizado, me encarcelaron pese a que no tenía ninguna orden de captura”, denunció la periodista.

Al entrar en las celdas de “El Chipote”, únicamente pudo decirle a Mora que habían cerrado con “broche de oro”, pues habían logrado lanzar una última hora e informado de esta nueva violación a la libertad de prensa.

La periodista explicó que en las celdas fueron testigos de las denuncias que cubrían de los manifestantes apresados, pues fueron objeto de torturas físicas y sicológicas.

“La tortura en mi contra fue el aislamiento. Estuve aislada de las presas políticas y comunes, el propósito del régimen era que perdiera la razón”, lamentó la periodista. 

La comunicadora de 100% Noticias culminó su intervención denunciando que aunque sus manos están limpias y fueron dejados en libertad, todavía no se cierran los casos en su contra, además señaló que hay más de 80 periodistas en el exilio que la “están pasando muy mal” y que el canal 100% Noticias y las oficinas de Confidencial “siguen ocupadas” por entes del Gobierno. 

Inseguridad jurídica

En la segunda parte del Foro tomaron la palabra los representantes de organismos internaciones defensores de derechos humanos.

La comisionada Antonia Urrejola explicó que el trabajo de monitoreo y seguimiento que han realizado sobre la situación de Nicaragua es por medio de visitas a países como Costa Rica y Honduras, además de las denuncias que reciben vía Whatsapp o correo electrónico y las capacitaciones que han realizado con la sociedad civil nicaragüense en materia de derechos humanos y levantamiento de denuncias.

Urrejola resaltó que pese a la excarcelación de la mayoría de los manifestantes, que estaban apresados por protestar contra el Gobierno, la situación no se ha resuelto, pues considera que al no haber una resolución judicial donde se cierren los procesos o causas “siguen sujetos a una situación de inseguridad jurídica”.

La relatora criticó uno de los artículos de la Ley de Amnistía, por considerar que pone en riesgo de nuevo encarcelamiento a los manifestantes, además de no cumplir con los estándares internacionales.

“Hubo a quienes se le aplicó la Ley de Amnistía, que no cumple con los estándares internacionales. La ley habla de las conductas repetitivas y expone a los manifestantes a ser encarcelados de nuevo porque, por ejemplo, si para el Gobierno el acto de repetición es que Lucía vuelva informar, entonces, la volvería apresar”, criticó Urrejola.

La comisionada sentenció que en Nicaragua todavía hace falta la liberación de unas 100 personas, también mencionó las amenazas y hostigamiento a los excarcelados , la falta de restitución de las personerías de 9 ONG y la situación de los exiliados.