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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó este jueves a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) adoptar urgentes medidas provisionales a favor del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), a los que consideró en “extremo riesgo”.

La comisión hizo la solicitud a pesar de seguir vigentes las medidas cautelares otorgadas para ambas organizaciones desde 2018.

La CIDH resaltó la urgencia de proteger a los defensores de derechos humanos en Nicaragua, ya que tienen un rol importante al recibir las denuncias y llevar la representación legal de las víctimas en Nicaragua.

Destacó que el trabajo de los defensores es más necesario en el contexto de la vigente Ley de Amnistía, publicada el 10 de junio en La Gaceta, diario oficial.

Según la CIDH, es necesaria la protección de los defensores porque la Ley de Amnistía “podría funcionar como un factor de impunidad a graves violaciones a derechos humanos”.

El organismo recordó que hay campañas en contra de los defensores de los derechos humanos.

“Hay un control cercano de sus movimientos, incluyendo direcciones personales o lugares frecuentes a los que asisten”, señaló el comunicado.

Según la CIDH, el gobierno nicaragüense impide a los defensores de derechos humanos realizar sus labores en lugares públicos, como los juzgados, centros policiales o centros penitenciarios.

También explicó que hay una vigilancia a través de cámaras colocadas en locales contiguos, pudiendo contar con un registro de entrada y salida de los defensores y de las personas que acuden a las organizaciones.

Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH / Archivo La comisión recordó que el 12 de diciembre de 2018 los diputados de la Asamblea Nacional cancelaron la personería jurídica del Cenidh y luego la Policía Nacional allanó las oficinas.

En la actualidad, la CPDH es el único organismo defensor de los derechos humanos que trabaja legalmente en Nicaragua, luego de que los diputados anularan la personería jurídica al Cenidh y de que los miembros de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos tuviesen que abandonar este país.