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Los abogados y notarios públicos pasarán a ser sujetos obligados a informar de las actuaciones o acciones sospechosas de sus clientes, con lo que se violentaría el sigilo profesional, según la iniciativa de reforma a la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que la Presidencia de la República remitió este jueves a la Asamblea Nacional.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) será la encargada de recibir los informes de los abogados y lo trasladaría a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

La junta directiva del Parlamento envió a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos la iniciativa de reforma de la mencionada ley, donde deberá primero ser consultada para su respectivo dictamen y aprobación en el plenario.

La reforma del artículo 17 de la Ley 977 pide que “los supervisores de casinos, corredores de bienes raíces, comerciantes de metales preciosos, comerciantes de piedras preciosas, abogados y notarios públicos, contadores, proveedores de servicios fiduciarios y comerciantes de vehículos nuevos o usados pueden establecer tipos de servicios mínimos para las operaciones a partir de los que deberán identificar y verificar a sus clientes”.

La ley a reformar fue aprobada en julio del año pasado en el plenario de la Asamblea, pero en aquel momento se omitió agregar a los abogados y notarios públicos como sujetos obligados a reportar las irregularidades o sospechas respecto a las operaciones de sus clientes, indicó el diputado Mauricio Orue, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y miembro de la Comisión de Justicia.

“Ahora, la normativa internacional exige que esa profesión, tal como sucede con los contadores públicos debe estar incorporada en este mandato, esencialmente porque son profesiones que se prestan para el lavado de activos por la facilidad que tienen, en el caso de los abogados y notarios que están vinculados al derecho mercantil, civil y económico”, explicó.

El año pasado “no se le dio la relevancia al tema, no lo encontramos esencial y fue un descuido, pero por la normativa internacional ha habido presión para que se incluya a los abogados como sujetos obligados”, agregó Orue.

La ley a reformar fue aprobada en julio del año pasado en el plenario de la Asamblea,. Archivo/END

¿Uso político?

El año pasado, la aprobación de esa ley generó dudas, ya que hubo denuncias de que se usaba para acusar a los manifestantes antigubernamentales de haber cometido crímenes como terrorismo y financiamiento al terrorismo, reconoció Orue.

“El documento que pasó a la Comisión es jurídico. Si le van a dar un carácter político es otro asunto, fue lo que sucedió el año pasado cuando dictaminamos el hecho de castigar el terrorismo y el lavado de activos y después se denunció que se estaba utilizando esa ley para apresar y condenar a personas que estaban en protestas sociales”, comentó el legislador.

“Ahora podría pasar lo mismo”, dijo Orue, “pero ya quedará en manos del Ejecutivo y del Poder Judicial, si desvirtúan lo que con buena fe se quiere reparar, que es la inclusión de esta profesión (los abogados) a la lista de sujetos obligados”, añadió.

El jurista Julio Montenegro comentó que “aparentemente quieren que los profesionales del Derecho, de alguna manera, transmitan información de sus clientes y este es un tema delicado, porque el abogado debe ser fiel con la persona a la que le presta el servicio”.

Agregó que hay que darle un estudio más profundo a ese tema y hacer los cuestionamientos que corresponden a nivel social y con los abogados.

Asamblea Nacional de Nicaragua. Archivo/END

Para Montenegro, “la proyección de esa ley estaría poniendo manos arriba a los procesados y complicaría su derecho de presumir inocencia, porque los mismos abogados estarían siendo objeto de medidas para transmitir información y se debe recordar que nadie está obligado a admitir sus hechos, a todos se les debe presumir la inocencia”.

Al respecto, Luis Perezalonso, dirigente del gremio, comentó que uno de los problemas al aprobarse este tipo de leyes son los cuestionamientos hechos a la Corte Suprema.

“Si nos vamos a la disyuntiva actual, de lo que está ocurriendo en Nicaragua, es otra situación de riesgo (para los abogados), porque a la hora de querer involucrar a alguien (acusarlo), lo van a hacer de cualquier manera, sin tener los elementos de juicio”, expresó Perezalonso.

Recalcó que “desde el punto de vista del actual criterio de la Corte Suprema, que no tiene un principio de justicia, de equidad, a cualquiera le pueden pasar la cuenta o lo pueden involucrar como profesional del Derecho en estar actuando a favor, digamos de personas que están lavando dinero o pertenecen al crimen organizado”.

Recordó que “algunas acusaciones (en el marco de las protestas sociales) se vinculan a que han conseguido dinero para financiamiento del terrorismo”, pero reconoció que hasta el momento los abogados y notarios no tienen la obligación de buscar el origen del dinero de sus clientes y se han creado sociedades en las que los notarios no tuvieron el cuidado de conocer a quien les contrata para un servicio y “en este sentido, la ley es buena”.

De aprobarse la reforma en el plenario, los abogados se convertirían casi “en fiscalizadores individuales y reportarán inmediatamente cualquier sujeto sospechoso o transacción sospechosa para efecto de no permitir el lavado de dinero o activos”, observó Perezalonso.