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Organismos de derechos humanos y abogados independientes confirmaron este viernes que al menos seis procesos judiciales, en los cuales acusaban alrededor de 28 manifestantes, han sido archivados.

Entre los casos que la justicia nicaragüense ordenó archivar se incluye el de terrorismo en contra de Ruth Matute Valdivia, originaria del barrio Monimbó, de Masaya, y quien estuvo nueve meses en prisión.

Las autoridades tardaron en permitirle a Matute salir de prisión para cambiarle el marcapasos, aun así volvió a la cárcel tras la operación.

Al ordenar el archivo definitivo del expediente número 018287-ORM- PN 20018, la autoridad judicial también decreta el cese de cualquier medida cautelar que exista contra Ruth Matute y los otros acusados, entre los que está el anciano Lázaro García y Danny García González, señaló su abogado defensor, Elton Ortega.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) confirmó que hasta el mediodía del viernes fueron notificados del cierre de otros seis juicios para 28 excarcelados que participaron en las protestas antigubernamentales en el año 2018.

“DEFENSORES DEL PUEBLO”

José Antonio López, del grupo de abogado “Defensores del Pueblo”, confirmó que ese grupo de litigantes recibió este viernes las cedulas judiciales en las cuales los jueces le notificaban del cierre definitivo de las causas judiciales para seis de los 79 manifestantes representados por ellos.

Johnny Leyva Tinoco, Luis Avinell Halsall, Camelia Arauz, Julio Francisco Alvarado, Óscar Cruz Valle y César Ruiz, son los excarcelados cuyas causas han sido archivadas.

“Esto significa que las autoridades ya no pueden ejercer ninguna acción penal contra ellos. Y estas personas ya no deben ir a firmar a los juzgados como estaban haciéndolo”, manifestó José Antonio López, del grupo de abogado Defensores del Pueblo.

De las seis personas cuyos casos han sido archivados, el de Jhony José Leyva Tinoco sobresale por haber sido acusado a pesar de padecer un impedimento físico por problemas cervicales.

El caso del joven jinotegano Jhony Leiva llamó la atención pública, porque fue acusado, procesado y condenado, aunque hace más de tres años sobrevivió a un accidente de tránsito y quedó con limitaciones de movimiento.

José Antonio López, abogado del grupo Defensores del Pueblo. Jorge Ortega/END

Leiva necesita ayuda para caminar. No obstante, fue acusado de participar en protestas antigubernamentales y condenado a 25 años de prisión por los delitos de terrorismo y entorpecimiento de servicios públicos. La jueza que dictó sentencia es Adela Cardoza.

Al ser notificado que su caso ha sido archivado, sus antecedentes penales quedan eliminados.

López agregó que los otros excarcelados representados por ellos aún no han sido notificados de la clausura de los juicios en su contra en virtud de la Ley de Amnistía, que también cubre a quienes han sido señalados crímenes de lesa humanidad y que no han sido juzgados.

La mayoría de manifestantes excarcelados tiene aún procesos judiciales abiertos. Archivo/END

El abogado agregó que todavía no han descartado recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por inconstitucionalidad contra la referida Ley.

La fuente explicó que al resto de personas que representan, aún no habían sido notificadas del cierre de sus casos, pero ellos están revisando el sistema electrónico del Poder Judicial para conocer si ocurre.

MARIO ARANA

El miembro negociador de la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia (AJCD), Mario Arana, calificó de un “avance positivo” los casos archivados por la justicia nicaragüense y considera que con esto, el Gobierno muestra una “voluntad de cumplimiento”.

“Yo diría que es un avance positivo y muestra que hay una voluntad de cumplimiento. Hay un grupo de presos en los que todavía hay controversia, esperamos que se cumpla el compromiso de que todos sean liberados”, manifestó Arana.

Mencionó que está acción de archivar los casos, no le sorprendió porque tenía conocimiento que el Ejecutivo tenía el interés de cumplir.

“Nos insistían mucho de que ellos tenían el compromiso de cumplir, y yo tengo que leer esto como es, obviamente falta mucho camino por recorrer, hay mucho que no se ha hecho, la negociación no ha estado avanzando, hay mucho de incumplimiento, aquí no tenemos plenas libertades y hay problemas de represión, y todo esto está tapando verdaderamente actos como este (archivar causas), que verdaderamente son relevantes”, manifestó el negociador.

Al ser consultado si esta situación los acercaba a la mesa de negociación, respondió que tiene que resolverse el problema de todos los manifestantes presos y que si “hay voluntad manifiesta de resolver el problema, creo que de parte de la Alianza existe la disposición, pero tenemos que estar claro que es para construir sobre base serias, sólidas y no otro juego más de ganar tiempo y de estirar este tema”, recalcó Arana este jueves por la noche al ser consultado por El Nuevo Diario.

La fuente precisó que pese a esta liberación, el Gobierno aún tiene pendiente de resolver temas como la seguridad ciudadana.