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El abogado Julio Montenegro, de la organización “Defensores del Pueblo”, informó este viernes que 39 de los 85 ciudadanos que representan legalmente fueron notificados del “archivo o cierre” de las causas que se les imputaban.

Los casos más recientes que fueron notificados a los representados por los “Defensores del Pueblo” son: Rogelio Gámez, John Amort, ambos de Matagalpa; además de los líderes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena, Lenner Fonseca y Luciano García.

También están el comentarista Jaime Arellano y los periodistas Jackson Orozco y Luis Galeano.

El defensor legal de Arellano, Orozco y Galeano aseguró que las causas contra sus representados no estaban siendo objeto de proceso, pero “había órdenes de captura y de allanamiento, entonces con esa notificación quedan sin efecto”.

Agregó que en caso de que sus tres representados que están en el exilio decidieran regresar a Nicaragua, tampoco tendría que haber “algún tipo de restricción migratoria, no tendrían que tener ningún problema al ingresar o al salir del país”.

Montenegro explicó que todavía falta que sean enviadas las notificaciones de cierre de causas para Lucía Pineda y Miguel Mora, jefa de prensa y director del Canal 100% Noticias, respectivamente.

Además, reveló que ha visibilizado en el sistema del Poder Judicial, al que tienen acceso los abogados, otros dos casos de cierres de causas de sus representados, pero no han sido notificados en físico.

PELIGRO DE REAPERTURA

Los abogados de “Defensores del Pueblo” indicaron que los excarcelados que han recibido las notificaciones de archivo de sus causas, bajo la Ley de Amnistía, siguen “bajo riesgo jurídico”, pues sus causas, según el Código Penal de Nicaragua, “pueden reabrirse”.

“Desde la perspectiva del archivado o cierre de causas, nosotros sabemos que un caso puede ser abierto. Para que haya un sobreseimiento de una causa, tiene que aplicarse el código 151, 155, 156 y 72, inciso 10, del Código Penal de Nicaragua, además de la Ley de Amnistía, pues todos en conjunto aplican un verdadero sobreseimiento, mientras no se haga de esa forma, todos los excarcelados corren riesgo jurídico”, explicó Montenegro.

El abogado insistió en que los casos en los que se aplica la figura de “archivar una causa” es cuando no hay los suficientes medios probatorios y cuando los haya, se reabrirá el proceso.

Por tal razón, consideró peligroso que se vuelvan a reabrir estas causas si no se aplica un verdadero sobreseimiento de las causas de los manifestantes excarcelados.