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“Este ha sido un camino largo y duro”. Lo dice Verónica Ordóñez, cuando habla de su pareja, Pedro Gutiérrez González, preso desde el 4 de julio del año pasado, con una prótesis semidestruida en su pierna y, por ahora, con nulas posibilidades de salir de prisión.

Gutiérrez González es uno de los más de 90 presos que la Alianza Cívica califica como manifestantes, pero que el Gobierno no lo reconoce y por eso no ha sido beneficiado con la amnistía.

En el último año, Ordóñez ha pasado yendo de su casa a la cárcel Modelo y a los juzgados en Managua, en lucha por la libertad de Gutiérrez González.

El día en que apresaron a Gutiérrez González, de 38 años, había llegado antes de las 7:00 de la mañana a su trabajo. Corría el 4 de julio del año pasado y en los distintos barrios de Managua se habían levantado barricadas, en protesta contra el Gobierno.

Para la época, él había hecho a pie el recorrido desde su casa hasta el taller de torno donde laboraba. Eran aproximadamente 2 kilómetros desde Laureles Norte hasta Villa Reconciliación. Gutiérrez González los caminaba ida y vuelta, pese a su prótesis en la pierna derecha.

Pero aquel 4 de julio de 2018 no había transcurrido mucho tiempo desde su llegada al trabajo, cuando un grupo de hombres con el rostro cubierto y armados ingresaron al taller de torno para detenerlo, narra Ordóñez.

Ella menciona que pese a la prótesis en la pierna derecha, Gutiérrez González había sido un asiduo partícipe de las manifestaciones antigubernamentales y en varias publicaciones en sus redes sociales se le ve portando indumentaria azul y blanco y la bandera nacional.

José Prado Cano, un joven de 23 años, arrestado a inicios de junio pasado en el Reparto Shick, Managua.

“A él lo llegaron a sacar del trabajo, a las 6:30 de la mañana entraron los paramilitares y policías no dieron razón, solamente lo agarraron y se lo llevaron con rumbo desconocido”, explica Ordóñez.

Durante cuatro días, la familia de este hombre no supo nada de él, hasta que lo llevaron ante un juez, momento que Gutiérrez González aprovechó para dar a su abogada el número de teléfono de su pareja. Lo mantenían en las celdas del Distrito I de la Policía en Managua.

La acusación

A Gutiérrez González la Fiscalía lo acusa de robo agravado de un arma de fuego y secuestro simple. Para un hombre que tiene prótesis, dice Ordóñez, el caso le parece espectacular.

“Supuestamente él asaltó y secuestró a la persona que era propietaria del arma, pero eso es absurdo porque Pedro es discapacitado, tiene una prótesis y apenas camina, entonces no pudo tener la habilidad de asaltar a alguien que supuestamente está armado y todavía secuestrarlo”, dice Ordoñez.

Reanudan juicio contra excarcelado de Ometepe

Desde que comenzó el juicio, a Gutiérrez González lo trasladaron al Sistema Penitenciario Nacional, mejor conocido como La Modelo, donde ha permanecido el último año.

Pero el juicio, en términos reales, nunca inició, porque ha sido reprogramado, según Ordóñez.

La salud

A causa del encierro Gutiérrez González ha sufrido infección en la piel, debido a las condiciones poco saludables en las que ha permanecido.

También sufrió una golpiza el 16 de mayo pasado, cuando mataron a tiros en la cárcel a Eddy Montes.

La prótesis de Gutiérrez González quedó quebrada, dificultándole aún más caminar.

En las últimas semanas, este hombre ha comenzado a experimentar más ansiedad, debido a que pese a ser un manifestante no salió de prisión ni resultó beneficiado con la amnistía.

Gutiérrez González es el único manifestante antigubernamental que permaneció por algunos días solo en la galería 16, luego de que sus demás compañeros fuesen excarcelados el 11 de junio pasado.

“Pero después de esos días a él lo trasladaron a las galerías de presos comunes y la continuación del juicio parece (que) seguirá”, dice Ordóñez.

Tania Cano prima de José Luis Prado Cano.Oscar Sanchez/END

Un ex Juventud Sandinista

Las afectaciones a la salud también las sufre José Prado Cano, un joven de 23 años, arrestado a inicios de junio pasado en el Reparto Shick, Managua.

De acuerdo con Tania Cano, prima de Prado Cano, este había sido parte de la Juventud Sandinista; sin embargo, desde el año comenzó a participar en las protestas antigubernamentales, lo que le valió el asedio y amenazas de quienes solían ser sus “amigos”.

“A él lo capturaron el 2 de junio, dos días después de haber participado en una misa especial que hubo en la catedral por el aniversario la masacre del Día de las Madres”, dice Cano.

La historia de Prado Cano es parecida a la de Gutiérrez González. Por varios días su familia hizo una procesión por las estaciones policiales, hasta que dieron con él en la estación 4.

Allí supieron que a Prado Cano lo acusaban del delito de rebeldía, pero después les dijeron que era investigado por un asunto de drogas. Al final, lo acusaron de robo con intimidación.

La mamá de Prado Cano lo ha visto en prisión y dice que está más delgado, un tanto retraído y, particularmente, nervioso.Cortesía/END

Un mes y algunos días más tarde, Prado Cano sigue sin ser presentado en los tribunales.

Él es considerado otro manifestante que debería ser beneficiado con la amnistía, aprobada el 8 de junio.

La mamá de Prado Cano lo ha visto en prisión y dice que está más delgado, un tanto retraído y, particularmente, nervioso.

“Él le contó que está siendo víctima de tortura sicológica, ya que lo sacan de la celda todas las noches para interrogarlo sobre familiares que también participamos en las protestas”, cuenta Cano.

Violaciones a la ley

El jurista Roberto Fúnez, especialista en derecho penal, señala que aunque la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha externado que estas personas son parte de los más de cien manifestantes que aún permanecen en prisión, corresponde a sus familiares demostrar que, efectivamente, eran protestantes antigubernamentales, para luego hacer las gestiones ante los testigos y garantes del diálogo.

Fúnez, quien es parte de la organización de abogados Acción Penal, señala que hace algunas semanas presentaron siete rutas que permitirían la liberación de los manifestantes, porque cada acusación tiene su particularidad.

En casos de manifestantes que permanecen en prisión con procesos suspendidos, como es el caso de Gutiérrez González, se viola el debido proceso porque la causa judicial en su contra estaría vencida, explica el jurista.

Y es ese complicado limbo jurídico lo que queda de esperanza a las familias de Gutiérrez González y Prado Cano para liberarlos. Cortesía/END

A su entender, Gutiérrez González debería ser beneficiado con la liberación mediante un sobreseimiento.

Para Prado Cano, la alternativa de libertad está en la segunda ruta planteada por los abogados: por falta de pruebas el caso debería ser archivado.

El problema, analiza Fúnez, es que estas personas están en un limbo jurídico, ya que para liberarlos el Gobierno podría recurrir a emitir medidas cautelares, como ocurrió con otras liberaciones o quizás aplicar la Ley de Amnistía.

Y es ese complicado limbo jurídico lo que queda de esperanza a las familias de Gutiérrez González y Prado Cano para liberarlos.