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La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), recomendó al Gobierno de Nicaragua examinar la Ley de Amnistía y la Ley de Atención Integral a Víctimas, que se aprobaron en la Asamblea Nacional este año, en el contexto de la crisis.

“La OACNUDH hace un llamado a que se revisen con carácter de urgencia la Ley de Amnistía y la Ley de Atención Integral a Víctimas mediante un proceso genuinamente participativo y a que se garantice que sean plenamente compatibles con las normas y estándares aplicables en materia de derechos humanos”, señala el más reciente boletín mensual de OACNUDH, que dirige la chilena Michelle Bachelet.

El organismo consideró que Ley de Amnistía está redactada de manera imprecisa y carece de claridad, tanto en lo que respecta a las personas como a los delitos a los que se aplicaría, dejando a las autoridades amplias facultades de interpretación.

“Las ambigüedades de redacción podrían beneficiar a los autores de graves violaciones a los derechos humanos, en contradicción con las normas y estándares internacionales”, precisó el boletín.

La Ley de Amnistía se publicó el 10 de junio en La Gaceta, Diario Oficial, mismo día que entró en vigor.

La ley decreta la liberación definitiva e inmediata de los manifestantes presos.

Además, señala que la amnistía se extiende a personas que no han sido investigadas o se encuentran en procesos de investigación sobre su participación en los hechos sucedidos desde abril de 2018, cuando comenzó la crisis.

Ley de Amnistía y la Ley de Atención Integral a Víctimas se aprobaron este año en la Asamblea Nacional en el contexto de la crisis. Archivo/ENDAbogados defensores de los manifestantes liberados en el contexto de la ley, expresaron en múltiples ocasiones que tienen mucha preocupación porque la legislación dicta no permitir conductas repetitivas.

Para los abogados, esa disposición prohíbe a los excarcelados participar en protestas o marchas, pese a que es un derecho constitucional.

Por su parte, la Ley de Atención Integral a Víctimas entró en vigencia el 31 de mayo, cuando se publicó en La Gaceta.

Según la legislación, las víctimas recibirán atención médica primaria, salud psicosocial, atención a personas con discapacidad y su rehabilitación.

Algunos sectores criticaron la ley porque no da acceso a la justicia a las víctimas de la violencia, en el contexto de la crisis que sufre Nicaragua.

Marlene Alejos, representante para América Latina de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh). Archivo/ENDOACNUDH, en su reporte mensual, calificó como positivo la liberación de los manifestantes, aunque critica que no cuenten con una sentencia de sobreseimiento y que otro grupo siga en prisión.

Para la dependencia es “preocupante” que el pasado 26 de junio presuntos civiles armados atacaran a miembros de la comunidad indígena Kamla, en Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

Finalmente, la OACNUDH urgió al Gobierno de Nicaragua a entablar un diálogo “genuino, significativo e inclusivo” y a implementar los acuerdos que firmó, como fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades.

El 31 de agosto de 2018 el Gobierno de Nicaragua retiró la invitación que había otorgado a OACNUDH para analizar la situación de derechos humanos en el país, desde entonces el monitoreo de la oficina se realiza desde Panamá.