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Valdrack Jaentschke Whitaker habló en representación del Gobierno de Nicaragua en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrada esta mañana en Ginebra, Suiza, donde se trató una actualización sobre la situación de los derechos humanos en este país centroamericano.

El Nuevo Diario comparte íntegro el discurso de Valdrack Jaentschke Whitaker en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU:

Honorable señora Kate Gilmore, Alta Comisionada Alterna de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, excelentísimo señor presidente de este consejo, distinguidos representantes de los estados miembros y observadores ante este honorable consejo.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua reitera su respeto a los derechos humanos de los y las nicaragüenses enfocados en garantizar la paz, la justicia y el bienestar.

Nicaragua se ha mantenido comprometida y trabajando con distintas organizaciones multilaterales regionales e internacionales en materia relacionada al desarrollo y la restitución de derechos.

En mayo pasado, en ocasión del Tercer Examen Periódico Universal (EPU) a Nicaragua se presentó evidencia de los avances en materia de derechos sociales, políticos y económicos de nuestra joven democracia, que este mes cumple apenas 40 años.

Estos significativos avances reconocidos por organizaciones financieras, internacionales y especializadas del sistema de Naciones Unidas, entre otras, señalan a Nicaragua como el país más seguro de la región, que más rápidamente ha reducido la pobreza y la desigualdad, con mayor acceso a salud y educación de calidad, mayor crecimiento promedio multianual y se encuentra entre los cinco países con mayor paridad de género del mundo.

Una vez restablecido el orden y la tranquilidad en el país, luego de las acciones de grupos violentos que el año pasado intentaron romper el orden constitucional, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua se dispuso a consolidar la paz y retomar la senda de Progreso y bienestar que venía impulsando antes de abril de 2018.

En ese sentido la Asamblea Nacional aprobó el 7 de mayo de 2019, la Ley de Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz mandatando a las instituciones a promover el diálogo genuino y desarrollar medidas efectivas para resolver los conflictos, avanzando en la creación de casi 4,000 comisiones de paz y reconciliación distribuidos en los 153 municipios del país.

Asimismo el 29 de mayo se aprobó la Ley de Atención Integral a Víctimas, que manda a las instituciones a proporcionar atención médica, rehabilitación, seguridad y atención social a las víctimas de la violencia y a sus familias.

Desde el 15 de abril pasado se está implementando el plan de retorno seguro y reinserción social y familiar con el propósito de contribuir a la reunificación de las familias nicaragüenses, permitiendo que personas que salieron del país en el contexto de los hechos del año pasado pueden regresar de manera segura al país.

Vista interior de Asamblea Nacional. Oscar Sánchez/END.

La Asamblea Nacional aprobó este 8 de junio de 2019, la Ley de Amnistía, que permitió la excarcelación de todas las personas detenidas en el contexto de los hechos de 2018, cerrando los expedientes de todos los procesos administrativos y penales relativos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja participó en la conciliación de la lista de personas detenidas y posteriormente acompañó al proceso de excarcelación.

Esta ley incluye el compromiso con la no repetición del uso de la violencia como método político y es reconocida por muchos expertos como una de las leyes más avanzadas de su tipo.

En Nicaragua no hay persecución a personas y organizaciones de Derechos Humanos por su quehacer propio, para quienes existe plena libertad de promover y defender los derechos humanos, no obstante, un pequeño grupo de organizaciones han pervertido esta noble causa y utilizado la cubierta de organizaciones no gubernamentales y han recibido financiamiento para hacer avanzar sus intereses políticos a cualquier costo, incluyendo la pérdida de vida humana o la destrucción de bienes públicos y privados.

El gobierno de Nicaragua reafirma su respeto al derecho constitucional de manifestación pacífica, no es política de Estado inhibir protestas sociales, ni el uso excesivo y arbitrario de la fuerza por parte de las instituciones de orden público.

El ejercicio del derecho constitucional de concentración manifestación y movilización pública está regulado por la Ley 872, organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional, que entre otras cosas requiere el permiso previo y el compromiso con el no uso de la violencia.

ARCHIVO/END.

Los poderes del Estado están avanzando en identificar las reformas políticas, electorales e institucionales necesarias para continuar perfeccionando nuestra joven democracia, que garantice entre otras cosas elecciones libres, abiertas, transparentes y acompañadas en el año 2021, para esto hemos retomado los trabajos con la secretaria general de la OEA para la cooperación en materia de fortalecimiento institucional, político y electoral de Nicaragua.

Señor presidente, del gobierno de Nicaragua mantiene su compromiso de continuar trabajando por la unidad nacional, la reconciliación y la paz, profundizando las conquistas democráticas, económicas, sociales y culturales y fortaleciendo las condiciones indispensables para continuar librando exitosamente la batalla contra la pobreza y la inequidad.

Seguimos cumpliendo con los compromisos asumidos con nuestro pueblo y con la comunidad internacional para continuar por la senda del progreso y el bienestar iniciado hace poco más de una década.